La Conferencia Episcopal Argentina descalificó y desmintió las declaraciones del ex presidente de facto Reynaldo Bignone publicadas ayer por Página/12, en las que el ex dictador afirmó que los militares contaron con la aprobación de la Iglesia cuando aplicaron torturas a los detenidos- desaparecidos. “Es absolutamente falso e inaceptable relacionar a la Iglesia con este tipo de crímenes que siempre ha condenado con toda claridad y energía”, dice el comunicado que lleva la firma del nuevo secretario general del Episcopado, el obispo rosarino Sergio Fenoy. El pronunciamiento de la jerarquía católica sigue el mismo procedimiento usado en otras oportunidades por el Episcopado, recordando los pronunciamientos públicos de los obispos en la materia, sin entrar en el análisis de los hechos o de las posibles responsabilidades de algunos de sus miembros más encumbrados. De hecho, la propia jerarquía eclesiástica hizo una autocrítica pública y un pedido de perdón el 8 de setiembre del año 2000 en la apertura del Congreso Eucarístico celebrado en Córdoba, reconociendo la responsabilidad que les cupo también a miembros de la Iglesia en los delitos atroces que se cometieron durante la dictadura.
En el comunicado difundido anoche, después de intensos intercambios entre los máximos responsables de la Conferencia Episcopal, se recuerda que en la 111ª Comisión Permanente (marzo de 1995) los obispos expresaron que: “...Si algún miembro de la Iglesia, cualquiera fuera su condición, hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos, habría actuado bajo su responsabilidad personal, errando o pecando gravemente contra Dios, la humanidad y la conciencia”. El texto cobró forma después de varias consultas entre los miembros de la Comisión Ejecutiva encabezada por el arzobispo rosarino Eduardo Mirás y que integran también el cardenal Jorge Bergoglio, el arzobispo de Corrientes, Domingo Castagna y el propio Fenoy, firmante de la declaración.
En su pronunciamiento, la Conferencia Episcopal Argentina recuerda el texto de una carta enviada el 17 de marzo de 1977 a la Junta Militar, en la que la Comisión Permanente del Episcopado manifestó su reclamo “por la situación de muchos presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de otros detenidos bajo proceso, que según sus declaraciones o las de sus familiares, han sido sometidos a apremios ilegales, de calidad y característica tales, que hubiéramos siempre juzgado inconcebibles en el modo de ser argentino y que por cierto, son para el cristiano inaceptables en conciencia”.
En el seno de Iglesia Católica los debates respecto de la actitud de la jerarquía frente a las violaciones a los derechos humanos nunca tuvieron una conclusión y tampoco alcanzó la autocrítica pública realizada en el año 2000, que muchos consideraron “tibia” o “insuficiente”. Laicos católicos, sacerdotes y obispos han denunciado la responsabilidad que miembros de la Iglesia, entre ellos algunos obispos, tuvieron en los hechos aberrantes, porque alentaron las violaciones a los derechos humanos o porque guardaron silencio en conocimiento de tales atropellos.