Por Alberto Ferrari Etcheberry

Hoy podría destrabarse el proceso de juicio político a Eduardo Moliné O’Connor. La decisión está en manos del bloque radical de senadores, que la semana pasada no dio quórum para apoyar al senador Raúl Baglini. Baglini había pedido ser excusado porque “como abogado y en el ejercicio privado de la profesión tengo pleitos ante la Corte Suprema que el ministro Moliné integra”. La Comisión de Juicio Político se lo negó. Ya que el tema es ético, el bloque de la UCR debería discutir si es correcto que un senador nacional ejerza como abogado nada menos que ante la Corte, de cuyos miembros el Senado es único juzgador.
Es lógico que la comisión no aceptase la excusación. Un juez no tiene que excusarse ni puede ser recusado por su relación con un abogado que tenga un pleito ante él. El conflicto existe sólo cuando se trata del litigante y no de su abogado.
Ahí debió haber terminado todo. A salvo el honor que Baglini pueda tener, y a los papeles. Pero ahí comenzó todo. Sorprendentemente Baglini no aceptó que la comisión resolviera su pedido sin darle la razón. Eso está mal, porque un principio elemental del orden jurídico es aceptar la resolución del órgano ante quien uno peticionó. Si el honor de Baglini es tan pesado, Baglini podría haber pedido al Senado que lo autorizara a abstenerse de votar, o ausentarse del recinto y no votar.
Pero Baglini prefirió aumentar la apuesta sumando a todo su bloque y a su partido detrás de una cuestión inexistente desde el punto de vista procesal y legal. Una cuestión, incluso, absurda, si se tiene en cuenta que aquí no hay un juicio común sino un juicio político, en el que el poder del Congreso no está ni puede estar reglado ni tiene más límites que el texto constitucional puro y simple, cuyo alcance, en este caso, es el único habilitado para valorar. El juicio político es el más completo ejercicio de la soberanía popular a través del único órgano que la representa en una democracia representativa liberal: el Poder Legislativo.
Todo lo anterior Baglini lo sabe, y probablemente lo sabe mejor que quien esto escribe. ¿Entonces? Van cuatro elementos concretos:
- Pese a los adjetivos habituales de Baglini y la cara compungida del senador Carlos Maestro, no puede aceptarse inocencia en la decisión de usar el arma más dura que existe en la vida legislativa: no formar quórum. Se trata de la misma herramienta que el bloque radical no usó cuando Carlos Menem impuso el segundo estatuto legal del coloniaje, que aún rige, incluyendo las votaciones con diputados truchos.
- Es lamentable que esta decisión de los despojos radicales ayude a confundir la historia. Guste o no, con el Pacto de Olivos el radicalismo no impuso jueces. Se limitó a usar bolilla negra en relación a los propuestos por el Poder Ejecutivo. Así fueron aceptados Gustavo Bossert (demoprogresista, no radical), Héctor Masnatta (un peronista cuyo nombramiento Carlos Menem primero postergó y luego reemplazó sin consulta por su amigo Adolfo Vázquez) y el frigerista Guillermo López.
- Ante eso es aún más patético que estos despojos radicales aparezcan queriendo mojar el pancito con algún toma y daca –circunstancia más difícil de negar que de probar, seguramente– que además supondría detener el inédito procedimiento que el Presidente ha iniciado al proponer a Raúl Zaffaroni para la Corte Suprema.
- Pero en el embrollo (agarrarse los bolsillos) de adjetivos, principios, moral, ética, objetividad o imparcialidad, queda oscurecida una cuestión: el senador Baglini ejerce la profesión de abogado durante su mandato y ante la Corte. Eso está prohibido por el artículo 16 inciso a de la ley 22.192 (¡ley del Proceso!), norma que sigue vigente, salvo para la Capital Federal, porque la ley 23.187 (¡una ley del Congreso!) la derogó restringiendo su alcance, pero sólo para la Capital Federal y es obvio que la Corte no es la Capital Federal.
Sería bueno que hoy los compungidos Baglini y Maestre expliquen si la actitud de fondo de Baglini es ética. Sin esa respuesta, nadie puede enojarse si se siente que hay algo podrido... en el bloque radical del Senado. A ese bloque, para reparar lo hecho, no le queda otro camino que volver atrás, exigir al Presidente que continúe la limpieza de la Corte sin acuerdos con la Iglesia ni con el menemismo –como algunos sospechan– y apoyar el procedimiento de transparencia y participación pública iniciado con el doctor Zaffaroni.