En la audiencia de la semana pasada el representante de un grupo de tenedores de bonos argentinos, emitidos en euros de acuerdo con la ley inglesa, le pidió al juez federal de Wall Street que dejara en claro que sus decisiones no se aplicaban a “terceros extranjeros sobre quienes usted no tiene jurisdicción”. Thomas Griesa respondió que opinaba lo contrario, dado que su tribunal “tiene jurisdicción sobre la Argentina”, que es “el país que está haciendo esos pagos”.

Nadie interesado en defender los intereses argentinos ante la grosera extralimitación de los tribunales del distrito sur de Manhattan podría mejorar esa definición. En la interpretación más generosa con Griesa y con la Cámara de Apelaciones que lo respaldó, ambos tienen jurisdicción sobre los bonos emitidos por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa bajo la ley de Nueva York. Esos son los papeles que los fondos buitre adquirieron en el mercado secundario una vez depreciados por el default y después incluso del canje de 2005. Pero está fuera de toda razonabilidad que se arroguen atribuciones que nadie les concedió. Con la misma ilógica, Griesa bien podría prohibir a todas las familias de las provincias de Córdoba y Santa Fe que cobren la Asignación Mensual por Hijo que paga la Anses, ordenar a la fábrica brasileña Embraer que no entregue los aviones adquiridos por Aerolíneas Argentinas para modernizar su flota, a los importadores japoneses que interrumpan sus compras de limones argentinos, a Yamaha que se abstenga de producir motocicletas en General Rodríguez y a la empresa norteamericana Helmerich & Payne, Inc. (H&P) que no cumpla el contrato firmado con YPF para la provisión de diez walking rigs, diseñados por ese líder en la perforación de reservorios no convencionales para el yacimiento de shale oil de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Esto no es un chiste ni una exageración: la hipótesis de que el magistrado tiene jurisdicción sobre todo lo que concierna a la República Argentina consta en la versión taquigráfica del diálogo que Griesa mantuvo con representantes de las cajas compensadoras Euroclear y Clearstream, los bancos JP Morgan Chase, New York Mellon y Citi, que recibieron los pagos que la Argentina realizó para que los transfirieran a los tenedores de los bonos emitidos en 2005 y 2010, en canje por los defaulteados en 2001. Para agregar una dimensión filosófica a una cuestión jurídica sobre un acuerdo financiero, la afirmación contenida en ese documento oficial no constituye un criterio de verdad y sólo refleja las presunciones de Griesa, en este caso extravagantes. La palabra perro no muerde y a lo largo de la historia humana muchos locos se declararon capaces de volar. O dicho de otro modo, la Argentina es una nación soberana que declaró su independencia de España hace 198 años y no está obligada a reconocer otros jueces que los contemplados por el artículo 116 de su Constitución.

Al margen de la legalidad que se reconozca a la prórroga de jurisdicción y de los efectos que se deriven de la situación de los títulos impagos desde hace trece años, es un desatino que un funcionario estadounidense de bajo rango pretenda imponer sanciones a entidades financieras e inversores japoneses, europeos y argentinos, por completo ajenos al litigio sometido a su consideración. A medida que esto va quedando claro, crece la inquietud por sus efectos sobre la posición de Nueva York como centro financiero mundial y el rol sistémico del dólar estadounidense.

Las posibilidades de éxito de Griesa no son mayores a las de quienes en la Argentina plantean el desconocimiento de lo que llaman la deuda ilegítima, prescindiendo del hecho de que una parte de los papeles originales suscriptos hace cuatro décadas por la dictadura militar con los grandes bancos estadounidenses y europeos fueron canjeados por acciones de las empresas públicas y otra parte se fragmentó en bonos de baja denominación que durante gobiernos con legitimidad democrática y funcionamiento de sus tres poderes fueron adquiridos en el mercado por terceros ajenos al origen odioso de la deuda. Ellos son los que luego del default aceptaron la renegociación y la quita ofrecida por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. El primer canje se realizó a comienzos de la década de 1990, lleva el nombre del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady pero fue concebido por su colega del Departamento de Estado Henry Kissinger. La sofisticada respuesta del sector financiero de ese país y de su gobierno consistió en borrar las huellas, atomizando las pistas para cualquier reconstrucción de lo sucedido. Podría pensarse en una demanda contra el Citi o el Chase, pero su eventual resultado no sería oponible a quienes compraron los microfragmentos de aquel estallido.