“Te quieren hacer sentir Caperucita en la jaula de los lobos. Y no somos Caperucita, pero ellos actúan como lobos.” Un colaborador cercano al hoy ex ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, deslizó la frase en un crudo off the record con Página/12, a principios de año, cuando las presiones internas, políticas y policiales, se chocaban con las críticas externas de la prensa partidaria de la mano dura. En ese fuego cruzado se debatieron Cafiero y su ex viceministro Marcelo Saín. Es indudable que quisieron, pero no pudieron o no encontraron la fórmula para romper una red de corrupción aferrada a la raíz misma de la Policía Bonaerense. Desde que asumieron, tras la masacre de Avellaneda, plantearon terminar con los desarmaderos y las bandas dedicadas a los secuestros express, pero recién tuvieron el respaldo político para hacerlo después de la asunción del presidente Néstor Kirchner. La gestión de Cafiero generó cierto desaliento en los sectores más afines, porque a pesar del esfuerzo quedó atrapado en una interminable cadena de purgas y encerronas.
“Eso no fue obra de un loco, como se dice, sino que fue más producto de una institución que no ha tenido los controles necesarios y no se ha depurado correctamente.” Un textual de Cafiero, el 9 de julio de 2002, ya marcaba diferencias conceptuales con el gobernador Felipe Solá, quien al referirse al asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán hablaba de “un acto demencial” y de “un hecho individual”. De todos modos, los peores contratiempos surgieron a partir de una serie de declaraciones públicas de Saín, sobre todo cuando habló acerca de los puntos de contacto entre la política y la corrupción policial.
“Hay omisión, complicidad o participación.” En distintas oportunidades, como segundo de Cafiero, Marcelo Saín expuso públicamente su postura respecto de la estrecha vinculación entre algunos sectores políticos, la policía y los principales delitos. Eso provocó una serie de roces con la corporación policial, que terminaron con el alejamiento de Saín, en enero pasado, al fracasar una vez más su propuesta para descentralizar el poder policial y producir un cambio drástico en la cúpula. La conmoción más fuerte había ocurrido en agosto de 2002, tras la aparición del cuerpo del joven Diego Peralta, cuando Saín afirmó que la “caja negra” de la Bonaerense era utilizada para financiar la política.
Los cambios en la cúpula, a pesar de la partida de Saín, igual se produjeron, pero por efecto de la corrupción. Alberto Sobrado, el comisario que había llegado a la jefatura de la Bonaerense en la misma fecha que Cafiero, tuvo que irse en julio pasado porque se descubrió que tenía un giro de 330 mil dólares depositado en el Nova Scotiabank de Bahamas. Días después, el que tuvo que irse por similares razones fue uno de los comisarios más famosos, Aníbal Degastaldi, jefe de la Departamental de Investigaciones de San Isidro.
Cada purga, además de confirmar lo difícil que es poner en vereda a la Bonaerense, servía también para debilitar la imagen del ministro Cafiero, que tuvo que plantarse ante un millar de comisarios para decirles que iba a ser inflexible ante cualquier nuevo brote de corrupción o de falta de compromiso en la lucha contra el delito. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la APDH de La Plata, naturalmente cercanos a Cafiero, terminaron denunciado la presencia en funciones de hombres de la patota policial que en la dictadura estuvo al mando del general Ramón Camps.
El nuevo escándalo se produjo cuando Cafiero designó al frente de la Dirección de Antecedentes al comisario Jorge Luis Tejerina, uno de los ex represores que actuaron en la comisaría quinta de La Plata. En el entorno de Cafiero se sabe que el hoy ex ministro compartía en la intimidad el ideario político que Saín hizo público tantas veces. Y en ese ideario figuraba el incumplido propósito de retirar de la cúpula a ciertos jefes que, vaya casualidad, son cercanos al nuevo titular del ministerio, Juan José Alvarez.