La AFIP suspendió el CUIT de la enorme multinacional Procter & Gamble. La acusa de fraude fiscal y de evasión de divisas por 138 millones de dólares, que es plata en cualquier latitud del planeta. Opinadores de toda laya, periodistas del multimedios en particular, pusieron el grito en el cielo. Hablaron de una furia antinorteamericana, de caprichos chauvinistas y abusos.

La embajada se plegó al clamor. La propia empresa se quejó por el trato injusto, habló de chavismo y de desbordes dictatoriales... ¿O no?

No, claro. Quien lee esta nota, usualmente alguien bien informado, seguramente advierte que el segundo párrafo es falso. Por una vez, no se trata de un error del escriba sino de una ironía para subrayar lo que pasó. Procter & Gamble no se escandalizó, no acudió a la protección de su gobierno, ni siquiera dedujo (por ahora, claro) alguna medida cautelar ante jueces solícitos. La respuesta fue insólitamente cauta y respetuosa. Directivos de primer nivel se comidieron a la Argentina, se entrevistaron con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Expidieron un comunicado pacifista al mango, se mostraron abiertos a buscar soluciones “inmediatas”.

O sea, confesaron tácitamente que están flojos de papeles, por decirlo con delicadeza que no merecen. Sus defensores ad hoc, quedaron mal parados. Todo es posible, hasta el papelón, a la hora de bancar a los grandes anunciantes en los medios. Así sea ser más papista que el Papa o más “procteristas” que P&G.

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Otra multinacional gringa, la gráfica Donnelley, produjo una brutal medida de fuerza: un lockout clavado, hace cosa de tres meses. Cerró su planta sin avisar y sin tener razones válidas. Pidió su propia quiebra. La legislación vigente, pro empresaria al mango, facilita esas maniobras patronales: le fue concedida.

La vulgata mediática culpó, cuándo no, al Gobierno. Fue hospitalaria con la pobre argumentación de la corporación.

Sin embargo, el pedido era una jugada política. La empresa no estaba en cesación de pagos. Debía a la AFIP lo que, para su porte, es una bicoca. Tenía cash en sus cuentas corrientes bancarias. Y contaba con abundantes pedidos de producción en camino.

LA AFIP promovió una denuncia penal. Primero se aludió al delito de “alteración del orden económico”, de muy difícil prueba. También denunció quiebra fraudulenta, en el Juzgado Comercial y ante el Juzgado Federal de Daniel Rafecas.

Los trabajadores pidieron la continuidad de la empresa. Les fue concedida por el Juzgado Comercial. Los laburantes se organizaron en una cooperativa, llamada MadyGraf. Se mantienen atendiendo la demanda de los clientes, que se sostiene. El Estado, por intermedio del Ministerio de Trabajo, contribuye a bancar la nómina salarial.

El primer sofocón pudo resolverse merced a la organización de los laburantes, al sindicato y al activismo del Gobierno. Es ardua la sustentabilidad de una empresa controlada por una cooperativa. De cualquier modo, se desbarató la mala praxis empresarial y queda por construir cómo mantener la fuente de trabajo.

La causa penal avanza lentamente. El fiscal, Patricio Evers, presentó recientemente un pedido de ampliación de pruebas. Se trata de informes de la AFIP y búsqueda de otra documentación. Baqueanos de los Tribunales dicen que es un requerimiento light. Por un lado, mantiene vivo el expediente pero no pide procesamientos.

No será sencillo llegar a una condena por quiebra fraudulenta. El Código Penal vigente la ubica entre los delitos contra la propiedad. La mayoría de los intérpretes calificados entiende que sólo se consuma si hay alguien que padeció un perjuicio económico. Si Donnelley pagara la totalidad de sus deudas, no habría delito.

La condena penal, desde ya, no es el núcleo. Sí las prácticas desleales de la patronal, sus abusos de poder.

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Los dos episodios interpelan al oficialismo que reaccionó bien pero que durante sus gobiernos no fue consecuente en las políticas contra la concentración y extranjerización de la economía.

También alerta sobre leyes de fondo muy transigentes con la prepotencia del gran capital.

El desafío para el oficialismo es mejorar sus desempeños y articular medidas más profundas para el mediano o largo plazo.

El reto para la oposición es explicar si esos temas integran su hoja de ruta para el futuro. Hasta ahora no es así, para nada.