Gabriela Vázquez, camarista laboral, peronista de origen, oriunda de Lanús, opositora al oficialismo conservador de la Asociación de Magistrados, igualmente defensora de algunos principios corporativos, será la primera mujer en presidir el Consejo de la Magistratura. La eligieron para ocupar ese lugar todos los consejeros kirchneristas, aunque necesitó de su propio voto para ser consagrada. Ese resultado, diría la jueza al rato, “es parte de nuestra lucha como mujeres para perforar el techo de cristal en el que estamos hace años”. Prometió que su gestión será de “austeridad y transparencia” y, no bien se desató en el plenario una discusión sobre el dinero disponible para el Poder Judicial y las dudas sobre su manejo, convocó a una reunión extraordinaria unas horas más tarde en la que se terminó votando un cambio de administrador: fue desplazado Germán Krieger y asumió el abogado Claudio Cholakian. Sucedió ante la ausencia rabiosa del bloque opositor, que acusó al oficialismo de querer apoderarse de la administración de los fondos.

En un solo día, el oficialismo consiguió poner en la presidencia a la candidata que quería y de la que espera un apoyo más o menos constante para tener la mayoría necesaria para las decisiones importantes y logró también designar como administrador a alguien que considera idóneo y afín. Si bien la Corte Suprema no administra hace tiempo el dinero de la Justicia, siempre tuvo influencia en el asunto. Cholakian fue asesor de Diana Conti en el Consejo, ahora integra el cuerpo de auditores y la comisión directiva de Justicia Legítima. El santafesino Krieger, el hombre desplazado, aunque nombrado por el Ejecutivo, reportaba al alto tribunal.

La disputa de ayer por el sillón presidencial parecía una interna de la asociación de jueces, ya que Vázquez peleaba el cargo con su colega Luis Cabral. Ella es histórica de la Lista Celeste de la entidad y Cabral, de la Bordó, icono de la familia judicial. A la camarista la postuló el representante académico Jorge Candis. La consagraron los votos de su impulsor, de los cuatro legisladores del FpV, del representante del Ejecutivo, Julián Alvarez, y el de ella misma. Otro juez, Leónidas Moldes, apoyó a Cabral junto con los dos radicales y los dos abogados. La definición fue ajustada, lo que revela que aún está por verse si el Consejo logrará salir de su situación de empate casi permanente y que, por ahora, sólo podría hacer variar la fidelidad de Vázquez al oficialismo.

Consagrada Vázquez, Cabral propuso para la vicepresidencia a Moldes, conocido como antikirchnerista, quien con ademán protocolar rechazó el ofrecimiento: no quería –dijo– legitimar un acuerdo político del que no había sido parte. El plenario empezó a levantar temperatura cuando el santacruceño Pablo González comentó, irónico, que le llamaba la atención que los jueces hablaran de acuerdo político si después dicen que no hacen política. Al final, el número dos fue Candis.

El plenario había sido convocado para las 9.30. Pero desde antes y hasta las 14 todo se negoció entre bambalinas. El oficialismo aceptó desistir de su plan de someter a ratificación o reemplazo a nueve funcionarios clave y limitar el plenario a elegir autoridades. Pero la cuestión de los fondos del Poder Judicial y del administrador estalló rápidamente. Cabral, con gestos ampulosos, se quejó de que el Poder Ejecutivo le debe mucho dinero al Judicial y que este mes tuvieron que retrasar el pago de sueldos. “Nos deben 1200 millones de pesos. No hay plata para nada”, enfatizó ante Página/12. Alvarez le respondió que la demora en salarios fue una maniobra sólo lucubrada por el Poder Judicial para salir a cuestionar al Gobierno, que les había concedido 138 millones para eso. Los judiciales alegaban un error en el rubro en el que había sido depositado. Según el funcionario camporista, lo sabían desde 25 días antes y, aun así, no era un problema. Alvarez advirtió que no se conocen los números reales de la Justicia ni cómo se administran.

Candis pidió un informe sobre la administración de los fondos judiciales y aludió a presuntas irregularidades por las que al administrador finalmente desplazado, Krieger, lo rozan cinco causas penales por posibles desvíos de fondos, locaciones dudosas e incluso por la validez de su nombramiento. Krieger, recordaban en el Consejo, fue designado a instancias de Cabral, quien ya presidió el organismo en 2010.

Junto con el ajedrez político, quienes conocen la interna judicial saben que todo lo que los jueces que son dirigentes de la Asociación de Magistrados hacen y dicen en estos días está teñido por una pelea electoral: la semana próxima hay elecciones en la entidad, donde se juegan beneficios corporativos, viajes, ascendencia en los nombramientos y denuncias, y toda una tradición. Cabral –presidente saliente– está en una carrera por recuperar apoyos perdidos tras su acercamiento, este año, a la Casa Rosada. Su lista, la Bordó, entró en pánico de seguir perdiendo poder, ya que la Asociación está fragmentada ahora en cuatro listas.

En cuanto creció la polémica por el dinero, Vázquez se puso en guardia. “No les voy a permitir, como primera presidenta mujer, que pongan obstáculos a través de triquiñuelas que paralicen el Consejo”, se despachó. “El tema de los salarios es fundamental para todos los trabajadores judiciales”, dijo. Entonces convocó a una sesión extraordinaria, basándose en un artículo del reglamento que prevé esa opción ante “circunstancias urgentes”. “Estamos a 20 de noviembre y vamos a tener que pagar salarios”, enfatizó.

La convocatoria se fijó para las seis de la tarde. De a poco se sentaron los legisladores kirchneristas, Candis y Vázquez en la cabecera. Pero ni los otros dos jueces ni los abogados ni los radicales volvieron a aparecer. “Es irregular, no pueden llamar a una sesión extraordinaria en medio de un plenario”, pataleó Cabral. Dijo que si querían votar la cuestión de la administración, había que juntar diez votos e incorporarlo al temario. “No fuimos ninguno de los que entendíamos que era una burla al reglamento”, sostuvo Cabral. “Es todo un capricho adolescente para tomar por asalto la administración del Poder Judicial, en una alianza del oficialismo con la Lista Celeste. Estamos analizando impugnar la validez del plenario”, gruñó el juez, que subroga en la Cámara de Casación, donde se le cuestiona que llegó sin sorteo.

Así, en el segundo encuentro del día, Alvarez propuso tomar “medidas urgentes”, porque “estamos hablando del pago de salarios”. Recalde apoyó medidas “tomadas a tiempo” en ese terreno. Entonces Alvarez fue al grano y planteó “reasignar” a Krieger. Vázquez señaló una “gran demanda de infraestructura” para el Poder Judicial y prometió un “eficaz manejo de los recursos”. Los camporistas querían nombrar a Juan Massolo, cercano al ministro Axel Kicillof. Vázquez retrucó con Cholakian porque “hace falta alguien que desarrolle funciones en el Consejo”. A los pocos minutos ya le estaban tomando juramento.