Por orden del juez Sergio Torres, miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se llevaron de la Procuración General de la Nación el expediente administrativo en el que la titular del organismo, Alejandra Gils Carbó, desestimó la destitución del fiscal Carlos Gonella, pedida por el juez Claudio Bonadio en una causa en la que investiga al titular de la Procuraduría de Criminalidad Financiera y Lavado de Activos (Procelac) por presunta “violación de secretos”. Fue el propio Bonadio quien denunció a Gils Carbó por considerar incorrecto su rechazo del desafuero de Gonella sin previa consulta al Consejo de Fiscales. La sorpresa continuó: la denuncia fue promovida por el fiscal Guillermo Marijuán, quien imputó a la procuradora. Cabe recordar que Marijuán fue recientemente apartado de la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (Ufises) por la propia Gils Carbó. Desde la Procuración, informaron que la decisión de la jefa de los fiscales sin previa consulta es parte de sus atribuciones y figura dentro del reglamento que rige su cargo. El titular de la Procelac apuntó directo a Marijuán: “El lo sabe”, advirtió.

Los miembros de la PSA llamaron a la puerta de la Procuración General ayer a la tarde. La orden la dio Torres, en cuyo juzgado federal –el número 12 del fuero Criminal y Correccional– recayó la causa iniciada por una denuncia que Bonadio realizó en el camino de su propia investigación contra Gonella. El titular del Juzgado Federal N0 11 la acusó de incumplimiento del protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal: Gils Carbó había rechazado el pedido de destitución que él le había hecho para separar al titular de la Procelac. La investigación fue promovida por Marijuán, quien había cuestionado a la procuradora y fue removido por ella de la Ufises hace tan sólo una semana. El fiscal la imputó por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.

“Lo que llama poderosamente la atención es la actitud de Marijuán. El es fiscal y sabe que el reglamento permite rechazar in limine los pedidos de destitución”, explicó el propio Gonella, en diálogo con Página/12. Desde la Procuración defienden el accionar de su titular y citaron el artículo 23º del reglamento disciplinario para los magistrados del Ministerio Público Fiscal, que plantea: “Si el contenido de una denuncia resultare que es manifiestamente inconducente, el procurador general podrá archivarla”. Tal apartado no especifica la consulta al Consejo de Fiscales u otro organismo como condicionante de la decisión del procurador para determinar el rechazo o no de una denuncia contra algún miembro del cuerpo.

A mediados de noviembre, Bonadio citó a indagatoria al titular de la Procelac como sospechoso del delito de “violación de secreto”, por haber difundido en la página web de la Procuración que la Justicia estaba investigando a la jueza María Gabriela Lanz por presuntos contactos con el narcotráfico. Además, Bonadio declaró en rebeldía a Gonella, por considerar que, pese a que presentó un escrito en su despacho y no abandonó su puesto de trabajo, no tenía voluntad de presentarse en la causa y podía fugarse. Y solicitó su desafuero a Gils Carbó.

La procuradora rechazó in limine el pedido del juez por considerar que la “no comparecencia (del funcionario ante Bonadio) no representa una causa de destitución”. Advirtió al magistrado sobre las consecuencias de “la persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales”, lo que “involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública”. Entonces, Gils Carbó envió el expediente al Consejo de la Magistratura para que se analice el rol de Bonadio y éste le respondió denunciándola por su presunto incumplimiento del protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal. La causa fue sorteada, aunque desde la Procuración confirmaron que Bonadio no solo realizó la denuncia, sino que solicitó medidas antes de hacerla circular.