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La carta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, que denunció “presiones” y la “politización” de la procuración a cargo de Alejandra Gils Carbó, generó réplicas de los fiscales Carlos Gonella y Félix Crous, que rechazaron las acusaciones contra la funcionaria y advirtieron sobre la resistencia de un sector judicial “a la renovación y modernización” del Ministerio Público. El diputado Héctor Recalde, integrante del Consejo de la Magistratura, se sumó a las réplicas y advirtió que es “grave” que “los jueces exacerben la judicialización de la política”.

“He estado en contacto con muchos colegas afiliados a la asociación y todos manifiestan su sorpresa por este comunicado, infundado y publicado de manera inconsulta, escrito entre pocas manos a las apuradas, y que carece de representatividad”, señaló el jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella.

Los cuestionamientos a Gils Carbó por el nombramiento de 16 nuevos fiscales fueron rechazados de plano por Gonella. “Los designados para ocupar estos cargos accedieron por concurso, con acuerdo del Senado, por lo que los cuestionamientos sobre irregularidades en su designación no tienen fundamento.” “Parece que cualquier medida o paso que da la procuradora es criminalizado y judicializado”, concluyó el fiscal.

Crous, por su parte, dijo que “estamos asistiendo a un sinceramiento brutal por parte de actores judiciales que siempre han tenido una actitud hostil hacia una renovación y modernización del Ministerio Público”.

“Esto se precipitó con la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que reasigna roles en el proceso y obliga a abandonar algunas posiciones de privilegios históricos que han mantenido algunos sectores del Poder Judicial y un sector minoritario pero tradicional del Ministerio Público”, explicó el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración. Al rechazar la carta de la asociación, el diputado Recalde consideró una “desmesura” la “judicialización de la política que se está dando en el Poder Judicial” y consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “tiene la obligación institucional y moral de poner freno” a esa situación.