Cada uno de los ministros de la Corte Suprema recibió ayer en su despacho una copia del pedido de extradición del gobierno francés contra el represor Alfredo Astiz y varios de ellos por la tarde ya lo estaban analizando. El tema estará presente en la reunión plenaria de hoy y pone a los jueces ante una nueva oportunidad de analizar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Lo más factible es que antes de avanzar en un fallo le pidan opinión al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, quien, igual que los fiscales de Bahía Blanca que apelaron, diría que mientras el máximo tribunal siga sin pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad no hay certezas de que la persecución penal al ex marino pueda desarrollarse en Argentina y reclamaría a los supremos una definición.
A comienzos de agosto, el gobierno de Francia reiteró el pedido de extradición de Astiz, que lo juzgó y condenó a prisión perpetua en 1990 —en un proceso en ausencia– por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. El juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale reclamó su competencia y rechazó el reclamo francés con el argumento de que está garantizado el juzgamiento del ex oficial en el país. El fiscal general Hugo Cañón y el de primera instancia, Antonio Castaño, apelaron. Sostuvieron que el juez prejuzgó, señalaron otras irregularidades en su actuación y advirtieron que mientras la instancia máxima judicial siga sin pronunciarse sobre las leyes de impunidad nada garantiza que el proceso judicial contra el genocida pueda plasmarse hasta llegar a una condena.
En Argentina, Astiz fue encarcelado en 1987 pero recuperó la libertad con la ley de Obediencia Debida. Cuando el Congreso recientemente declaró nulas esa norma y la de Punto Final, la Cámara Federal ordenó que el juez Sergio Torres retomara toda la causa sobre las violaciones a los derechos humanos ESMA y “El Angel Rubio” está detenido otra vez. La solicitud de Francia para llevárselo está ahora en la Corte, que debería definir si extraditarlo o juzgarlo en los tribunales locales. Si eligen esta segunda opción, los cortesanos deberían invalidar las normas cuestionadas.
A la apelación de los fiscales bahienses se sumó la de las autoridades francesas. El embajador de ese país mantuvo ayer una reunión con Becerra, a quien le dijo que “el asunto Astiz es para Francia de primera importancia”. Aunque todavía la Corte no le corrió vista, el Procurador ya trabaja en un dictamen, según supo este diario. Todo indica que coincidirá con Cañón y Castaño, y además reclamaría a los supremos una definición sobre las leyes, que él ya señaló como inconstitucionales.
En la agenda de la Corte, el tema figura entre los de “máxima urgencia”, según reconocieron dos ministros. Hoy –cuando se realizaría el último acuerdo con presencia de Eduardo Moliné O’Connor– podrían comenzar a debatirlo. “Esperamos resolverlo antes de fin de año”, dicen en el tribunal. Según los criterios que Sus Señorías anticiparon en otros fallos del mes pasado, en los que aluden a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aplicación obligatoria, podría haber una mayoría dispuesta a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero todavía no es seguro que lo hagan en el trámite de extradición de Astiz.