El Gobierno anunció ayer la decisión de cerrar definitivamente la caja, no tan chica, que podía manejar libremente la Policía Federal y que le permitió al ex jefe Roberto Giacomino realizar una contratación directa de material informático con la empresa de su concuñado por un monto de dos millones de pesos, sin necesidad de aprobación por parte del Poder Ejecutivo, que antes había bochado una compra con igual fin cuyo monto llegaba a ocho millones de pesos. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, anunció la inminente designación de un “administrador civil” que se hará cargo de controlar los futuros contratos de la Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Los presupuestos de las tres fuerzas, por su magnitud, superan en conjunto “a los de varias provincias”, admitió Beliz. El “administrador” –se tratará de un equipo de trabajo que está siendo conformado– asumirá “esta semana o la próxima”, estimaron fuentes oficiales. Ayer, los abogados de Giacomino insistieron en que el ex jefe tenía autorización para realizar compras directas. “Eso es así, pero no para pagar un millón de pesos por una lapicera”, replicó un vocero oficial consultado por Página/12. Anoche, en un programa de TV, Giacomino dijo que lo echaron porque “sabía cosas” que no dio a conocer.
En la causa a cargo del juez Juan José Galeano y del fiscal Miguel Osorio, se pidieron cuatro allanamientos, uno de los cuales se hizo el viernes en la División Bienestar de la Federal, en Independencia 353. El jefe de la dependencia, comisario Raúl Pigretti, también está siendo investigado, junto con otro alto funcionario de la fuerza. Uno de los jefes que aparece firmando documentos relacionados con la contratación es el Director General de Sanidad Policial, comisario Carlos Enrique Loza.
En principio se determinó la existencia de “dos expedientes paralelos, uno por ocho millones y otro desdoblado en dos (un millón cada uno)”. El primero fue desechado por las objeciones planteadas por distintos organismos de contralor. El segundo, en cambio, “sólo corrió por la Federal sin la intervención de ningún funcionario político” del Ministerio de Justicia y Seguridad, dijeron a este diario fuentes allegadas a la investigación administrativa.
El contrato por ocho millones era por un alquiler de hard y soft por 48 meses, mientras que el segundo, dividido en dos, fue por la contratación de los mismos servicios, pero sólo por el término de 12 meses. Todo haría pensar en la existencia de un plan A y un plan B. El primer expediente comenzó a gestarse en junio de 2002 y el 3 de febrero de 2003 el Ministerio de Justicia y Seguridad, con la firma del entonces titular, Juan José Alvarez, autorizó la contratación directa, sujeta a una serie de controles previos. La iniciativa se cayó el 6 de mayo de 2003, cuando fue cuestionada por el auditor del Ministerio, Alfredo Barnech, y por el director de Gestión Informática, Jorge Eduardo Pintos. También tuvo un dictamen en contra de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
De todos modos, la Federal, al parecer, había descartado mucho antes la primera iniciativa, dado que el trámite del segundo proyecto, que se concretó sin intervención del Poder Ejecutivo, habría comenzado el mismo enero de 2003. Existe una posibilidad: que en el plan B se haya fraguado la documentación y se haya puesto una fecha antedatada, luego del fracaso del proyecto más costoso. La contratación directa fue ganada por la empresa L&M Sist-Serv, propiedad del concuñado de Giacomino, Santiago Alvarez, que también había obtenido la licitación por ocho millones que quedó sin efecto. En cuanto a la firma Novel Time S.A., se aclaró ayer que no pertenece a la nuera del ex jefe de la Federal, Elizabeth Alvarez. Sí están relacionadas con parientes del comisario Giacomino las otras tres empresas, L&M, Tropex y Greysand.
La misma empresa L&M era la que había resultado adjudicataria en el contrato por ocho millones. Las dos ofertas tenían puntos en común: se hacía un mínimo descuento del 3,4 por ciento a cambio del pago anticipadode un millón de pesos, sin haber entregado nada a cambio y sin ninguna garantía en caso de que jamás se entregara el producto. En el caso de la primera oferta, el millón de pesos significaba el 12,5 por ciento del total de ocho millones, pero en la segunda fue exactamente la mitad.
El alegado “llamado a contratación directa por urgencia para contratar un sistema integral de informatización” con destino al Hospital Churruca se mantuvo en los dos proyectos. Sin embargo, el hospital policial siguió trabajando con el viejo equipo, sin problemas, desde junio de 2002 hasta mayo de 2003, cuando se produjo la contratación del sistema que costó dos millones de pesos pagaderos en dos cuotas. La existencia de dos expedientes paralelos surge de la fecha común que tienen los respectivos documentos del plan A y el plan B.
De ahora en más, será un administrador civil el que se encargará de fiscalizar en forma personal todos los contratos que adjudiquen la Federal, Gendarmería y Prefectura. Se encargará de todos los procesos de licitación y de las eventuales contrataciones directas por urgencia. El administrador “deberá instrumentar un sistema de precios testigos, publicar las contrataciones en internet y convocar oferentes hasta ahora nunca convocados”. Beliz estimó que el ahorro puede servir para aumentarle el salario al “suboficial que cobra 500 pesos y muchas veces tiene que dormir en una comisaría o volver a su casa con riesgo de que lo maten”.
Anoche, Giacomino salió a retrucarle al gobierno en el programa Fuego Cruzado, con conduce Marcelo Longobardi. “¿Cuál era la premura, cuál la desesperación, qué era lo que sabía Giacomino como para sacarlo de esta manera? La pregunta fue lanzada al aire por el propio ex jefe de Policía. En ningún momento especificó qué es lo tan grave que él sabría y podría perjudicar al gobierno. “Un jefe de policía es un jefe de policía”, comentó enigmático Giacomino, sin develar el supuesto terrible secreto.
Los cañones del ex mandamás de la Federal se encaminaron hacia el ministro Beliz y para el presidente Néstor Kirchner tuvo elogios y disculpas “por haber traído este inconveniente” a su gestión.