Por F. Y.

La situación procesal de Antonio Bussi es difícil. Sin embargo, a partir de mañana puede complicarse aun más. Según anticipó a Página/12 el abogado de la familia Vargas Aignasse, Juan Robles, un testigo de identidad reservada se presentó ante el juez Jorge Parache y dijo que en 1976, para la misma época en que fue secuestrado el entonces senador del PJ, se enterraron en un cementerio de la localidad de Medina, al sur de la provincia, tres cuerpos, dos hombres y una mujer. De acuerdo al testimonio, uno de las víctimas podría ser Guillermo Vargas Aignasse. Robles solicitó la exhumación, que contó con el aval del juez y que se concretará durante la mañana del lunes.
La lucha judicial que lleva adelante la familia Vargas Aignasse parece estar dando sus frutos. Tras la publicación de la causa y la posterior detención de Bussi, llegó hasta los tribunales federales de Tucumán y se presentó a declarar un hombre oriundo de Medina, departamento Chicligasta, quien solicitó mantener su identidad en reserva. Según comentó Robles, el testimonio fue tan contundente que Parache decidió hacer lugar a la excavación. De ser cierto, sería la primera vez que se descubren cuerpos de detenidos-desaparecidos en esa provincia.
Por otra parte, durante la semana en el juzgado de Parache esperarán la respuesta de la Justicia federal cordobesa al exhorto remitido para que se traslade a Tucumán el ex dictador Luciano Benjamín Menéndez. Este deberá responder también por la desaparición de Vargas Aignasse.
Pero este no es el único problema para Bussi. El anciano general permanece detenido en las instalaciones del Liceo Militar. Si bien permanece recluido en una habitación, no presencia el izamiento de la bandera, no se desplaza por los pasillos de la institución y no se mezcla con los cadetes, el ex dictador goza de un régimen de visitas que es la envidia de cualquier preso común. Sus familiares y amigos lo pueden ver todos los días de 9 a 13 y de 17 a 21.
Sin embargo, hay un problema que todavía los bussistas no tienen resuelto. En pocos días más, el juez Parache le dictará la prisión preventiva. Los abogados del genocida solicitarán seguramente la reclusión domiciliaria por tratarse de un reo de 77 años. Y es aquí donde reside el inconveniente, Bussi registra como domicilio el hotel que se encuentra frente al imponente parque 9 de Julio. Fuentes tribunalicias aseguraron a este diario que “un hotel no puede ser considerado un domicilio familiar donde cumplir la detención”. Además, sostuvieron que la ley que establece que el detenido debe estar bajo la custodia de una persona responsable, que debe ser familiar, y por eso el domicilio es importante porque “suple la resocialización carcelaria y sería un contrasentido mandarlo a una casa extraña como puede ser un hotel”.
Una solución podría ser la casa que su hijo Ricardo tiene en el country El Golf. Sin embargo, el vástago no podría llevar a su padre por una prohibición expresa que tiene el estatuto del exclusivo consorcio.