Antonio Bussi está comenzando a pagar por sus crímenes cometidos durante la dictadura militar. El viernes pasado se presentaron dos nuevas causas. Una por el secuestro y desaparición del también senador provincial del PJ, Damián Márquez. La segunda causa, es por los asesinato de los dirigentes sindicales docentes, Francisco Isauro y Arturo René Arancibia, ocurridos en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
El caso de los hermanos Arancibia representa uno de los paradigmas de la represión sistemática que se aplicó en la provincia desde antes del golpe de Estado. Ambos, dirigentes de la Agremiación Tucumana de Docentes Provinciales (ATEP) y fundadores de Ctera, habían recibido en 1975 amenazas de la Triple A. La noche del golpe, según reza la denuncia penal, dormían en la sede del sindicato ubicado enfrente de la sede de los tribunales federales. En ese momento, miembros de las fuerzas de seguridad, “por entonces dependientes operativamente del Delegado de la Junta Militar, General Antonio Bussi, y cumpliendo estrictas órdenes”, ingresaron a la sede para luego acribillarlos a balazos. La causa de los Arancibia data de 1984 y hasta este momento permanece cajoneada. Todo indica que esta vez no se repetirá la historia.