El Presidente de la Nación estimó en 1219 millones de pesos el ahorro que le producirá al Estado el nuevo mecanismo de concesión para el mantenimiento y explotaciones de los corredores viales nacionales. Pero advirtió que “decir ahorro es pensar con la mentalidad de los ‘90, porque este excedente no se ahorrará, sino que se invertirá en nuevas rutas”. El Ejecutivo dejó en claro que será el Estado nacional el que fije el valor de las tarifas a cobrar (peaje), que serán los mismos que se cobran actualmente “respetando todas las tarifas vecinales vigentes”.
El Gobierno destacó que los contratos de los 12 concesionarios actuales, que atienden 17 corredores viales, vencen a fin de mes. Las nuevas licitaciones distribuyen las rutas nacionales en seis corredores, que serán operados por otras tantas concesionarias durante cinco años. Uno de los aspectos más destacados en los cambios al régimen vigente es que “el Estado, en su rol de planificador, será ahora el que licita todas las obras, ya sean mejorativas (repavimentaciones y tratamientos superficiales) así como también las correspondientes a mejoras en la seguridad vial”.
Las inversiones totales, a lo largo de la concesión, se estiman en 500 millones de pesos, de los cuales 194 millones se asignarán a obras a realizarse a partir del próximo mes de marzo. José Francisco López, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, anticipó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que en noviembre se licitarán las obras correspondientes a los seis corredores viales adjudicados.
Los concesionarios de los seis corredores se obligaron, además, a cumplir con tiempos máximos de espera en las cabinas de peaje, estableciéndose tres minutos para vías exclusivas para automóviles y cinco para vías de tránsito mixto. Excedido ese tiempo, deberán levantarse las barreras para posibilitar el desagotamiento de las colas. Cinco de los seis oferentes seleccionados ofrecieron pagar un canon sobre el monto recaudado, y uno solo solicitó subsidio. Este resultado excede el cálculo previo de las autoridades, que estimaban que en dos corredores iban a ser licitados con subsidio. Conforme a esas previsiones, el Gobierno esperaba obtener un resultado a su favor de caja única de 20 millones de pesos a lo largo de los cinco años de concesión. En cambio, ahora podrá contar con un resultado positivo de 93 millones, como saldo entre canon ingresado y subsidios.
A tono con la renegociación de las rutas que impulsa el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires reformulará las concesiones de las rutas 11 y 2. A través de un decreto, el Ejecutivo provincial creó un fideicomiso al que se destinarán parte de los ingresos por peaje hasta ahora cobrados en su totalidad por las empresas, fondos que luego se destinarán a “planes de obra en esas carreteras que serán elaborados por nuestra cartera”, informó Raúl Rivara, el ministro de Vivienda, Infraestructura y Obras Públicas bonaerense. De esta manera, la recaudación de los peajes dejará de ser de “libre disponibilidad” para las empresas. El funcionario admitió que la provincia “no estaba conforme con los contratos ya firmados con las prestatarias”, y dijo que esta situación “hizo que readecuáramos los contratos en el marco de un nuevo plan regulatorio”.
Para reformular la política aplicada a las concesionarias de las rutas 2 y 11, el gobernador Felipe Solá aprobó por decreto un informe elaborado por una Comisión de Adecuación de Contratos de Concesiones Viales.