A las once de hoy vence el plazo para que el juez federal, Jorge Parache, dicte el auto de prisión preventiva del genocida e intendente electo Antonio Domingo Bussi. Es por ello que en la tropa bussista la esperanza de que el resultado electoral influya en la decisión del magistrado está trocando en resignación. El senador electo, Ricardo Bussi, lo dejó entrever ayer cuando ante la pregunta de un periodista local indicó que “esperemos que el Concejo Deliberante convoque a elecciones para intendente en poco tiempo más”. La frase es más que elocuente. El bussismo no encontró la llave –que no existe– para dejar en libertad al responsable de la masacre que se abatió sobre la provincia durante la dictadura militar.
Desde el mismo momento en que el militar fue detenido, los principales dirigentes del partido Fuerza Republicana aseguraron que sólo un triunfo electoral le permitiría a su conductor obtener la libertad, ya que estaba preso sólo por una decisión política del gobierno nacional. A sabiendas de que se trataba de una quimera, insistieron con ella una vez conocido el resultado electoral. “El pueblo de Tucumán se expresó por la libertad de mi padre”, dijo el hijo de Bussi, como si el domingo se hubiera realizado una consulta popular y no una elección de legisladores nacionales.
A la par de esta frase, y de otras tantas emitidas por la dirigencia bussista, los abogados del genocida detuvieron su trabajo. Incluso decidieron ni siquiera presentar la medida cautelar con la que pretendían evitar que el Concejo Deliberante de la capital designara un intendente definitivo. Es que en las cabezas de los bussistas se ha hecho carne la idea de que una vez que se confirme la prisión preventiva, ésta puede actuar como un detonador para la protesta social que se expresará en la calle. Se imaginan miles de bussistas reclamando por la libertad de líder preso. “La gente está harta de las injusticias. Puede haber una pueblada”, amenazó el verborrágico Pablo Calvetti, uno de los abogados del reo.
Mucho más calmado, el abogado de la familia Vargas Aignasse, Juan Robles, aseguró a Página/12 que “el juez tiene en sus manos todos los elementos para dictarle la prisión preventiva. Sólo resta esperar que se cumplan los plazos procesales. Lo que dicen los defensores son solo chicanas”, indicó.
Anoche, en las oficinas del juez Parache había un inusual movimiento. El plazo vence a las once, apenas un par de horas después de que asuma el nuevo gobierno justicialista de José Alperovich. Para evitar inconvenientes y que la Justicia anuncie su decisión, el Concejo Deliberante postergó hasta el jueves la designación del reemplazante del reo.