Por Fernando Cibeira y Martín Piqué

Un día después de haber anunciado la creación de una brigada policial antipiquetera y de denunciar en la Justicia a las agrupaciones que le hicieron una encerrona al ministro de Trabajo, el Gobierno salió a aclarar que no había modificado su política ante las protestas. “No hay ninguna creación de ninguna brigada”, descartó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, una idea que el lunes había tirado el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Funcionarios del Gobierno se comunicaron con las organizaciones con las que mantienen diálogo para aclararles que no había endurecimiento. No obstante, les reconocieron que en la Rosada no todos los funcionarios comparten la visión sobre el tema.
El presidente Néstor Kirchner siempre prometió no criminalizar la protesta social y apuntó a abrir canales de negociación con las organizaciones, en muchos casos aceptando sus reclamos de más ayuda o aportando desde el Estado para sus iniciativas cooperativas. Pero desde hace un tiempo, algunos funcionarios de la Rosada comenzaron a diferenciar entre el piquete “lícito” y el “ideológico”, en referencia a las agrupaciones que responden a partidos políticos de izquierda que –en su visión– sólo buscarían generar una sensación de malestar ante las políticas oficiales con reclamos interminables.
En esa óptica, el bloqueo que cinco agrupaciones piqueteras radicalizadas le realizaron el miércoles pasado al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para un sector del Gobierno fue la gota que colmó el vaso. Alberto Fernández sostuvo que la protesta había superado “el límite de lo razonable”. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, adelantó que el Gobierno no aceptaría negociar en esas condiciones y que le iba a hacer sentir su autoridad a los piqueteros “con el Código Penal en la mano”.
Luego de acordarlo con el Presidente, el lunes, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, denunció en la Justicia federal lo que le había sucedido y, en simultáneo, el jefe de Gabinete confirmó el dato de las brigadas especiales que se crearían dentro de las fuerzas de seguridad con el objetivo de “disuadir” y no “atacar” las protestas.
La movida provocó la reacción de las organizaciones piqueteras, aun de las más afines al Gobierno. Básicamente, los dirigentes más representativos del movimiento advirtieron que se estaba creando un precedente peligroso porque, si la Justicia daba curso a la denuncia, luego cualquiera podría sentirse tentado a utilizar la misma vía.
Y la primera reacción de la Justicia pareció darles lugar a esos miedos. El fiscal Luis Comparatore pidió ayer la detención inmediata de los piqueteros en caso de comprobarse el delito que denuncia Tomada (ver nota central).
Panorama negro
Kirchner vio que el panorama se había complicado más de la cuenta y mandó a Parrilli a salir a calmar los ánimos. Parrilli, que pese a ocupar un despacho muy cerca del Presidente es uno de los funcionarios de más bajo perfil, mantiene una fluida relación con las organizaciones piqueteras. Desde el lunes comenzó a llamar a los dirigentes con los que dialoga habitualmente para tranquilizarlos y avisarles que no había cambios en la política que el Gobierno había mantenido desde su asunción.
En esas comunicaciones, el Gobierno había admitido divergencias internas respecto de la dirección que debe darse al tema. Es que en la Rosada llegan encuestas que hablan de un fastidio creciente de la clase media con los piquetes y hay quienes opinan que un endurecimiento con las organizaciones más revoltosas serviría para sumar puntos entre lo que consideran su principal base electoral, los sectores medios. En esos mismos estudios surge que la imagen de autoridad que Kirchner se ha sabido ganar con sus enfrentamientos con los militares, la Corte o las empresas privatizadas, resulta en duda en cuanto a manejo del espacio público. En un gesto nada improvisado, Kirchner se reunió ayer con uno de los piqueteros más cercanos, el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, junto a otros dirigentes sociales. En el encuentro firmó un decreto estableciendo la cooperativa Renacer, de Ushuaia, en lo que era la empresa de electrodomésticos Aurora (ver asimismo página 10).
El Presidente buscó así mostrar que su política no era contraria a la protesta social. Incluso que siempre que el objetivo sea crear fuentes de trabajo, la Rosada está dispuesta a hacer los esfuerzos para concretarlo.
“La instrucción presidencial es trabajar en conjunto para generar trabajo genuino”, sostuvo Parrilli luego del encuentro. El secretario general de la Presidencia apareció junto a Alderete y otros dirigentes piqueteros y sociales. Resultó evidente que el Gobierno había decidido apaciguar el conflicto creciente con un sector de los piqueteros aun a riesgo de dejar a algunos funcionarios en offside.
“No hay ninguna creación de ninguna brigada, no hay ninguna modificación de la política que el Gobierno viene desarrollando con las organizaciones sociales o piqueteras y la manera que el presidente Kirchner nos ha dado a todos los ministros de resolver los problemas”, puntualizó Parrilli. Por la noche, luego de una conferencia de prensa, Alberto Fernández dijo que lo suyo apenas había sido “un comentario”.
Por la noche, funcionarios de Trabajo recibieron a una delegación del Frente Unico de Trabajadores Desocupados y Ocupados, una de las agrupaciones denunciadas por el bloqueo a Tomada. Los piqueteros les entregaron a los funcionarios un petitorio (ver recuadro aparte) y se fueron con la promesa de mantener abierto el canal de diálogo.