El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti ratificó que la política de Estado sobre los juicios de lesa humanidad se mantendrá y no tendrá retroceso. Sucedió en un encuentro con una delegación de abogados representantes de las querellas de todo el país que habían pedido un encuentro con el presidente de la Corte preocupados por el estado de las causas.

De la reunión, que se realizó el 15 de julio, participó una delegación integrada por Eduardo Tavani, Andrea Lupiañez, Pablo Llonto, Hugo Cañon, Ciro Annicchiarico y Adriana Taboada. El objetivo fue ampliar los fundamentos de una nota entregada el 20 mayo, realizada luego de dos jornadas de trabajo con representantes de todo el país. En el documento, los y las abogadas planteaban su preocupar por la obstaculización a el avance de las causas a los civiles y pedían a la Corte un pronunciamiento público sobre el rol de la justicia en la dictadura.

Para los participantes, el encuentro fue positivo. “Respecto al pedido para que la Corte, en nombre del Poder Judicial, haga su autocrítica y pida disculpas por su rol cómplice durante dictadura –señalaron en un comunicado distribuido al colectivo–, Lorenzetti dijo que el tema era una preocupación permanente de ellos y que trasladaría la inquietud a la Corte.. Sobre los problemas que impiden la aceleración de los juicios en todas las jurisdicciones, solicitó que el colectivo de abogados acerque un diagnóstico de los problemas de cada jurisdicción y las propuestas para encontrar soluciones. Entre esas propuestas aparece la idea de una nueva acordada de Casación; una comisión que estudie la posibilidad de una legislación o propuesta alternativa para los tres poderes y se compromete a hacer circular las iniciativas a los integrantes de la Comisión Interpoderes.

“En poco tiempo más sabremos qué capacidad tiene la Comisión Interpoderes para dar cuenta las cuestiones más urgentes que permitan resolver las lentitudes, atrasos y trabas que existen en gran parte de las causas en el país”, dijo Llonto a este diario. “Falta de jueces, jueces a quienes ya no les importan los juicios de lesa humanidad, jueces que obstaculizan, tribunales que hacen juicios sólo una vez por semana o menos, condiciones edilicias y falta de personal que impide que las investigaciones se realicen más rápido. El panorama es difícil y se necesita una urgente intervención de los tres poderes con resoluciones de fondo. La responsabilidad central es del Poder Judicial, sin dudas, y por eso le trasladamos la inquietud al presidente de la Corte para que la informe en la Comisión. En esta clase de juicios cada mes perdido sin indagatorias o sin audiencias equivale a 40 años perdidos. Las exigencias temporales tienen que ser otras, ya que de seguir a este ritmo en unos años más muchos juicios no podrán seguir adelante por la edad de los genocidas. A once años de reanudados los juicios, ya es tiempo de pisar en serio el acelerador. Se necesita creatividad y dar todo tipo de apoyo y facilidades a los jueces, juezas, secretarios, fiscales y trabajadores judiciales que realmente quieren impulsar estas causas.”