La Cámara Federal del Crimen resolverá esta semana si la investigación por la muerte de Alberto Nisman debe permanecer en manos de la fiscal Viviana Fein o pasar a la órbita de la jueza Fabiana Palmaghini, como reclama Sandra Arroyo Salgado, querellante en representación de las dos hijas que tuvo con el ex titular de la UFI AMIA. Los camaristas Marcelo Lucini, Mario Filozof y Luis Bunge Campos escucharon el viernes las argumentaciones de los abogados querellantes, así como la del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que se sumó a la embestida contra su colega. Fein lleva siete meses trabajo, en los que se han acumulado cada vez más evidencias de que Nisman se suicidó. A medida que se acerca a concluir su instrucción, aumentan las presiones para apartarla.

El impulso de la causa fue delegado en la fiscal Fein el día posterior a la muerte de Nisman, por una resolución de la jueza de primera instancia Palmaghini. Esto tuvo un por qué: el Código Procesal Penal establece que debe ser así mientras en el expediente no haya un autor o sospechoso identificado. Recién si se da esta situación, el juez determina si toma a su cargo la investigación o si la deja en poder de la fiscalía.

La decisión de Palmaghini de delegar el expediente fue acompañada en su momento por el fiscal Sáenz. Arroyo Salgado, en cambio, viene reclamando el desplazamiento de Fein desde los primeros tiempos de la instrucción, en la medida en que la hipótesis del asesinato no ganaba elementos de prueba. El planteo de la querella desde los primeros días fue que a Nisman lo asesinaron por su denuncia contra la Presidenta y otros funcionarios del gobierno nacional. “Fue un magnicidio”, aseguró Arroyo Salgado cuando Nisman fuera encontrado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, con un balazo en la cabeza. Pero muy poco después, la ex esposa del fiscal habló sobre la existencia de una cuenta de su ex pareja en Nueva York, de la que el técnico Diego Lagomarsino –que le entregó al fiscal la pistola que lo mató– resultó titular, con lo cual sugirió que a Nisman lo asesinaron por dinero. En base a la revelación sobre la cuenta, la Justicia descubrió que Nisman tenía un patrimonio oculto que no podría haber justificado con sus ingresos legales: más de 600 mil dólares depositados en la sucursal neoyorquina del Merrill Lynch –además de Lagomarsino, la madre y la hermana del ex fiscal son cotitulares de la cuenta, cuyo apoderado era Nisman–, propiedades en el Uruguay y en Palermo. Las piezas del supuesto homicidio dejaron de encajar: o era un magnicidio o fue por una disputa de dinero.

La fiscal Fein hizo su camino concentrándose en los hechos concretos, básicamente en lo ocurrido en el baño del departamento de Nisman. Las pericias forense, de criminalística y de informática sumaron elementos que respaldaron más la idea de un suicidio –o un suicidio inducido– que la de un homicidio. Si bien Fein no ha adelantado cuál es su convencimiento, sí anticipó que se apronta a escribir un dictamen extenso, abarcando cada una de las hipótesis, para elevar a la jueza Palmaghini sus conclusiones.

La jueza ya ha rechazado varias presentaciones de la querella de Arroyo Salgado para apartar a Fein de la instrucción del expediente, acusándola de “lentitud” y de direccionar la investigación hacia la hipótesis del suicidio. El 17 de marzo, Palmaghini se opuso a un primer reclamo y advirtió que las discrepancias de Arroyo Salgado con el modo en que tramitaba el expediente no alcanzaban para apartar a la fiscalía de la dirección de la pesquisa. El 7 de abril, después de una audiencia en la que Arroyo Salgado y Fein argumentaron cara a cara, Palmaghini volvió a confirmar a la fiscal. La querella apeló y la jueza consideró “improcedente” la apelación; también se quejó de que la querella obstaculizaba la pesquisa e incluso intentaba manejarla, imponiendo medidas.

Arroyo Salgado presentó luego un recurso de queja a la Cámara del Crimen, que los camaristas declararon inadmisible, ya que la decisión de Palmaghini de ratificar a la fiscalía no era apelable. Arroyo Salgado insistió por tercera vez con un recurso de casación, y Casación, con la firma de Gustavo Bruzzone, Daniel Morín y Carlos Mahiques, también le contestó que no encontraba ninguna razón de “gravedad institucional” que justificara su intervención.

El tema, luego de otra apelación, llegó finalmente a su actual punto. Se estima que los camaristas que la integran darán a conocer su respuesta entre mañana y pasado.

La audiencia en la que los abogados de Arroyo Salgado y el fiscal Sáenz expusieron sus razones fue presenciada desde los asientos del público por la jueza de instrucción.

En esa audiencia, los letrados Juan Pablo Vigliero, Manuel Romero Victorica y Federico Casal cuestionaron como querellantes el desempeño de Fein, agregaron que la muerte de Nisman tiene gravedad institucional y que ya no se trata de una causa NN porque el técnico informático Diego Lagomarsino está imputado del préstamo del arma y tal vez haya sido responsable de algo más.

Sáenz hizo propio este mismo argumento. “Tratar a Lagomarsino sólo como imputado por el suministro del arma es una ficción. Pido que se ponga blanco sobre negro lo que está sucediendo”, sostuvo.

Sin embargo, la postura de Sáenz tuvo, a criterio de los jueces, más énfasis que sustento legal. Los camaristas le replicaron no comprender del todo la presentación: si Lagomarsino era sospechoso del asesinato, le recordaron, esta acusación debía ser formulada por el Ministerio Público, es decir, por el propio Sáenz, o en su defecto por Fein.