“Las necesidades y urgencias de Clarín no son motivo para violentar una ley aprobada por el Congreso”, aseguró el titular del Afsca, Martín Sabbatella, a Página/12, ayer por la noche, luego de un día de tensión en ese organismo, que amaneció rodeado de policías y durante la tarde vio cómo miles de personas se acercaron a la sede, en el centro porteño, para manifestar su apoyo. El funcionario considera que el decreto que busca desplazarlo es “ilegal” e “inconstitucional” y se puso a disposición del Poder Judicial para que arbitre en este caso, en el que, sostuvo, “el gobierno le está pagando a Clarín los favores de campaña y a la vez construyendo el blindaje mediático ante las medidas antipopulares que ya empezaron a tomar”.

–¿Cuál es la situación tras el decreto firmado por Macri?

–Nosotros estamos esperando que el Poder Judicial resuelva este conflicto de poderes existente. Acá hay claramente un atropello brutal a la ley y a la Constitución. En ese marco nosotros creemos que la necesidad de poner un freno a ese abuso y a la utilización de herramientas que no están facultadas para tomar semejantes medidas. Hemos presentado un hábeas corpus para facilitar la libertad ambulatoria y el derecho al trabajo de los trabajadores, funcionarios y directivos de la Afsca, preocupados porque esta mañana, cuando llegamos, había una barrera policial y esquinas valladas, una actitud amenazante e intimidatoria. También presentamos un recurso de amparo, cuestionando el decreto con el que intervinieron el organismo, que nosotros creemos que es ilegal, ya que no se puede avanzar sobre un ente autárquico descentralizado con un decreto, es algo que violenta la ley y no está dentro de las facultades institucionales del Poder Ejecutivo. Alguien tiene que poner orden a esta situación y frenar esta locura violenta y autoritaria de un gobierno que es claramente legítimo y elegido por la voluntad popular, pero que actúa como un gobierno de facto. Durante meses hablaron de su preocupación por la calidad institucional, el respeto de la ley y la República y en doce días demostraron que tienen poco apego por lo que decían defender.

–Desde el gobierno nacional argumentan que el decreto no es ilegal ya que no modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sino que sólo decide su intervención...

–La intervención modifica la ley porque el directorio está creado por esa ley. Pero ni la intervención se puede decretar ni las competencias de la Afsca se pueden modificar por decreto. Las necesidades y urgencias de Clarín no son motivo para violentar una ley aprobada por el Congreso. El gobierno de Macri ha expresado que está en contra de esta ley. A través de Aguad han dicho que es una ley que no tiene que subsistir. Han llegado a decir que no existe concentración de medios. Ellos tienen todo el derecho a estar en contra de la ley y defender a Clarín, pero si no les gusta, para cambiarla deben ir al Parlamento nacional, no pueden modificarla con un decreto, ni quitarle sus competencias. Lo que creo que están haciendo es pagando los favores recibidos en la campaña y construyendo un blindaje mediático para las políticas antipopulares que ya están practicando.

–El ministro Oscar Aguad dijo que se encuentra “en rebeldía”...

–Por supuesto que no estamos en rebeldía ni queremos desobedecer nada. Entendemos que hay un decreto que es ilegal. El Gobierno dice que es legal, hay evidentemente un conflicto. No se trata de desobediencia sino que hay que resolver esa diferencia.

–¿Lo preocupa la denuncia penal en su contra que realizó el interventor?

–Hicieron una denuncia por desobediencia. Yo vuelvo a repetir: no estamos desobedeciendo, estamos esperando a que el Poder Judicial resuelva. Esa denuncia que hicieron, nosotros entendemos que no tiene sentido.

–Otro argumento del PRO para reemplazarlo es que no hubo avances significativos en la implementación de la LSCA...

–La ley es muy clara y establece un criterio de remoción de los funcionarios de la Afsca si no han cumplido su tarea. Hay un procedimiento, tiene que haber una causal y es con los dos tercios del Consejo Federal que se pueden remover las autoridades del directorio. Esto es justamente porque es un ente autárquico, esos mecanismos son para defender la independencia de la Afsca ante el gobierno de turno. Si el Gobierno entiende que no cumplimos con nuestras funciones, tienen los mecanismos de remoción para avanzar en ese sentido. Yo tengo de todas formas una valoración positiva sobre lo que se ha hecho en lal Afsca en este tiempo, a pesar de que la ley estuvo cuatro años frenada en la Justicia por Clarín. Igual, la valoración subjetiva no es motivo de remoción, como no lo es la militancia política, que es otra pavada que se ha dicho. No hay incompatibilidad entre la militancia política y formar parte del directorio de la Afsca.

–¿Qué lectura política hace del apoyo que ha recibido la LSCA por parte de la sociedad en estos días?

–Me parece que hay una gran parte de la sociedad que quiere defender los pasos dados estos últimos años en materia de ampliación de derechos que se expresan en políticas públicas que la sociedad se moviliza para defender. Miles y miles de hombres y mujeres en el país, que la presidenta llama ‘los empoderados’, salen, organizados o no, a defender esas conquistas. En particular, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene una historia larga y profunda, con treinta años de debate, con organizaciones sociales, políticas, culturales, académicas que participaron de su confección, con foros en todo el país, con mucha participación, hija de la militancia de Néstor Kirchner y del valor de Cristina Fernández de Kirchner y con un gran debate parlamentario y un riguroso examen por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un profundo reconocimiento de esa tarea.

–Si el Poder Judicial hace lugar a su amparo y usted continúa al frente de la Afsca, ¿cuáles serán los ejes de su gestión en esta nueva etapa?

–Seguir avanzando en la ley en sus grandes ejes: la generación de nuevas herramientas de comunicación en los tres sectores, público, privado y comunitario; avanzar en los concursos de la TV digital; y seguir con el plan de adecuación que esta en marcha y que todas las empresas, excepto el Grupo Clarín, están cumpliendo. Hay que acabar más que nunca con las situaciones de privilegio basadas en el apoyo a ciertas empresas de sectores del Poder Judicial y ahora del poder político.