La emergencia en seguridad y el parche batido sobre el narcotráfico volvieron a colocar en el centro de interés la radarización del país. La única discusión sensata al respecto es acerca de su importancia relativa y de la forma en que se incorporan las unidades. Durante el gobierno de Carlos Menem se concibió como un gran negocio que al mismo tiempo ayudaría a congraciarse con grandes empresas transnacionales y sus países de origen. La empresa norteamericana Northrop Grumman y la italiana Alenia Marconi se adjudicaron una primera licitación de 16 radares de tres dimensiones o primarios (aquellos que pueden ubicar a un avión aún cuando apague el trasponder y no colabore respondiendo a las señales). También estaban interesadas la canadiense Hughes y la alemana Siemens, cada una con su lobbysta en el gobierno nacional. Incluso hubo una oferta para instalar un centro de ingeniería en Anillaco. Pero muy pronto se judicializó por las impugnaciones de la francesa Thompson y la norteamericana Raytheon, lo cual además de una causa en tribunales dio lugar a negociaciones de alto nivel con los tres gobiernos interesados. Estados Unidos presionaba con su “preocupación por la facilidad que encontraban los vuelos de narcotraficantes para ingresar por la frontera norte de la Argentina”, así como ahora el vicepresidente Joseph Biden ofrece colaboración a Macrì para la “lucha contra el narcotráfico”. Cuando la justicia terminó por anular aquella licitación, el gobierno de Fernando de la Rúa respondió con un proyecto de radarización que además contemplaba los radares imprescindibles para la aeronavegación comercial, de dos dimensiones o secundarios, ya que las aeronaves colaboran con su respuesta a las señales, y son más simples y menos costosos. Northrop proveía los radares existentes, el mantenimiento y la actualización, pero no permitía la transferencia tecnológica, con fuertes erogaciones y tiempos de espera incontrolables si alguno salía de servicio. Luego del penoso bienio de la Alianza y los cuatro presidentes de humo, Néstor Kirchner le sugirió a su primer ministro de Defensa, José Pampuro, que tomara contacto con INVAP, la empresa mixta del Estado nacional y la provincia de Río Negro, que se comprometió a desarrollar en un año un prototipo de radar secundario, que estuvo instalado y funcionando cuando Nilda Garré sucedió a Pampuro. Al mismo tiempo se volvió a licitar la adquisición de radares militares primarios. Un representante en la Argentina de Northrop tenía el respaldo del jefe de gabinete Alberto Fernández, pero su presentación fue impugnada por otros ofertantes, como la francesa Thales. A su vez norteamericanos y franceses impugnaron a dos oferentes chinos alegando la baja calidad del material ofrecido. Después de un año y medio de impugnaciones cruzadas, tanto por razones económicas como técnicas y políticas, Kirchner y Garré resolvieron probar la extensión del convenio con INVAP también a los radares 3D. Según el Libro Blanco de la Defensa, por el convenio firmado en 2007, Fabricaciones Militares asumió la dirección del proyecto para desarrollar el Radar Primario 3D de Largo Alcance, o Radar Primario Argentino (RPA), y se constituyó como titular de las patentes del producto, en tanto que INVAP aportó sus capacidades tecnológicas en sistemas de radar. El contrato se ejecutó durante las gestiones de Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi, en el último tramo del gobierno de CFK. Ya se han instalado 22 unidades del Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) para el control del tránsito aéreo comercial en todo el país (Bariloche, Quilmes, Bahía Blanca, Santa Rosa, Neuquén, San Miguel de Tucumán, Córdoba, San Luis, La Rioja, Corrientes, Salta, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Gobernador Gregores, Ushuaia, Trelew, Esquel, Posadas, Sáenz Peña, Malargüe, Pehuajó y la localidad cordobesa de Morteros.

El primer modelo operativo de radar primario, denominado “Radar Mediano Experimental”, se instaló en Santiago del Estero en 2010. En 2011, se emplazó en Las Lomitas, Formosa, un modelo activo del Radar Primario Argentino 3D de Largo Alcance. Su proceso de homologación concluyó en 2014 en la Base Aérea de Morón, que involucró estudios analíticos sobre distintos escenarios de prueba y comprobaciones empíricas, utilizando aeronaves PA-28 y A-4 de la V Brigada Aérea. Es un sofisticado equipo para detección, vigilancia y control con un radio de cobertura de 400 kilómetros, con bajo costo de mantenimiento y adaptable a distintos escenarios geográficos y climáticos, con grandes perspectivas de comercialización internacional. Ya se han instalado otros dos en Merlo, Provincia de Buenos Aires y en Ingeniero Juárez, Formosa, hay uno en instalación en San Pedro, Misiones, ya terminaron de fabricarse los destinados a Pirané, Formosa, y Península Valdés, Chubut, y está en producción el de Tierra del Fuego. También se firmó el contrato para la fabricación de otros seis radares primarios que serán emplazados en Corrientes, Entre Ríos, Bahía Blanca, Neuquén, y las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. La inversión hasta ahora supera los dos mil millones de pesos, la tecnología es 100 por ciento nacional, el 80 por ciento de los componentes son argentinos e intervienen 700 pymes, de las cuales medio centenar en desarrollo de componentes críticos. Este es el camino hacia la independencia tecnológica y la soberanía nacional que el presidente Macrì y su ministra Patricia Bullrich están decididos a abandonar con su emergencia en seguridad, para que las contrataciones directas permitan buenos negocios y se termine con la veleidad de producir instrumentos tecnológicos avanzados, porque la meta fijada es que la Argentina sea el supermercado del mundo.