EL PAíS • SUBNOTA
› Por Irina Hauser y
Victoria Ginzberg
–¿Qué piensa de la modificación del superior tribunal que implementó Gerardo Morales en Jujuy? Llevó los miembros de 5 a 9, de los cuatro nuevos, dos eran diputados radicales que votaron esa misma reforma, uno un ex diputado de la UCR.
–No estoy al tanto de esa modificación ni del proceso que se llevó adelante. Mi opinión es que ese tipo de cambios se deben hacer con cautela. Vengo de una carrera más lejos de la política y más cerca de la Justicia, es mi mirada personal. De todos modos, Jujuy tuvo muchos años de un gobierno de otro signo político, y entiendo que todo el Poder Judicial estaba de algún modo caracterizado por ese signo político, supongo que Morales habrá tratado de compensar esa situación.
–¿Está de acuerdo con la detención de Milagro Sala?
–En la detención de Milagro Sala fue una fiscal quien la pidió, un juez de Garantías que la convalidó y otro que rechazó un amparo y lo mandó a la Justicia federal. Desconozco el expediente. Ahí están funcionando las instituciones. Tenemos un sistema de Justicia, que no nombró Morales.
–A un juez que ordenó el desalojo sí, el 5 de enero, y a un fiscal que no quiso impulsar la detención lo acusó de incumplir sus deberes.
–Están todos los remedios judiciales para ser aplicados.
–¿La protesta para usted es delito?
–Claramente no, es una garantía. Delito es si rompo algo, sustraigo o causo un daño dentro de la protesta. La protesta pacífica dentro de la ley, tiene que ser respetada. Una cosa es la protesta, otra es cometer delito. El deber de la justicia, los fiscales o los jueces según el sistema, es formular una imputación ante un delito. Acá pasamos de criminalizar la protesta a esquemas de impunidad absoluta. La protesta tiene que estar garantizada, la comisión de delitos tiene que ser investigada.
–A Sala sólo le imputan la incitación a cometer un delito, que sería la protesta, y sedición por no acatar el decreto de Morales referido a las cooperativas. Es público. No le imputan amenazas ni daños ni otra cosa.
–Quiero creer que si hay un fiscal y un juez de garantías están siguiendo el ordenamiento procesal de la provincia para ordenar la detención. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires funcionábamos de otra manera, con un sistema más garantista.
–¿Acá no estaría presa?
–Es otro ordenamiento procesal, no lo sé. Una persona puede estar detenida 48 horas en la Ciudad de Buenos Aires hasta que el juez decide sobre la excarcelación. Hay un sistema de justicia, en caso de que le rechacen la excarcelación a Sala intervendrá un tribunal de alzada. Nos estamos olvidando de que tenemos un sistema de justicia, que puede ser criticado, pero es el sistema. Si el juez actúa mal habrá que pedir su enjuiciamiento. Respetemos las decisiones de los poderes del Estado.
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