Las denuncias realizadas por la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y por representantes de tres de las víctimas de la represión de la Gendarmería a los integrantes de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, se unificarán en una sola causa que estará a cargo del fiscal de Pompeya Adrián Giménez. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Página/12, la Procuvin pedirá mañana que la Gendarmería y el gobierno de Mauricio Macri aporten información oficial sobre la nómina de gendarmes que participaron del operativo para empezar a determinar “las responsabilidades personales” y luego subir “por la cadena de mandos”. Lo que se busca es profundizar la investigación para tratar de establecer las responsabilidades mediatas, mediante la identificación de quiénes fueron los jefes responsables del operativo. Como ya se dijo, por un lado se investigará la represión de la fuerza de seguridad y, por el otro, el supuesto ataque sufrido por gendarmes que intentaban recuperar cuatro autos robados cuya presencia cerca del lugar de la represión no tenía vinculación alguna con los chicos de la murga.

“Lo que está demostrado, sin lugar a dudas, es que fueron dos hechos que no tienen ninguna relación entre sí y que deben ser investigados en forma separada”, le dijo a este diario Miguel Palazzani, titular de la Procuvin. Agregó que en este caso ocurrió “lo mismo que pasó con los disparos al joven Lucas Cabello”, el año pasado, en La Boca, “donde hubo una información oficial que decía que se trató de un caso de violencia de género que motivó la intervención policial, hasta que se demostró que fue un fusilamiento”, cometido por el agente de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala quien, luego de idas y venidas, “hoy se encuentra procesado y detenido por ese hecho”.

En el caso Cabello, la versión oficial, que resultó falsa, había sido dada por la entonces vicejefa de Gobierno porteño y gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Mientras tanto, en el caso de la murga, la información oficial desmentida por la investigación de los hechos “en el territorio” la había dado la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue respaldada por el presidente Mauricio Macri, aunque luego el mandatario pidió que se realizara una investigación administrativa al respecto.

En el caso de la represión de Gendarmería, tanto la Procuvin como el director de la murga, Gustavo González, aseguran tener varios casquillos dorados, que serían de balas calibre 9 milímetros, como el arma reglamentaria de la Gendarmería. Las cápsulas fueron recogidas en el lugar de los hechos y serán aportados a la Justicia. Las pruebas se suman a las fotografías, videos y a las declaraciones, se afirma que coincidentes respecto del accionar de los gendarmes, aportadas por unas 90 personas, entre víctimas directas, familiares y vecinos que fueron testigos presenciales de los hechos.

Los funcionarios de Procuvin consideran que estaría “totalmente probado” el accionar violento, e innecesario, de los gendarmes que la emprendieron a los tiros contra chicos y jóvenes. Lo que falta ahora es “delimitar quiénes fueron los autores” materiales y quiénes son los “responsables jerárquicos” de lo ocurrido. La investigación que propician los denunciantes pasa por “los culpables materiales y empezar a subir por la cadena de mandos”.

Adrián Albor, abogado de parte de las víctimas, le dijo a este diario que son tres las personas que han solicitado ser tenidas en cuenta como particulares damnificados, para poder actuar como querellantes. Entre los gendarmes que habrían intervenido en la represión figura uno al que conocen en el barrio por su apodo: El Polaco. Al parecer, fue uno de los que más dispararon sobre la multitud de niños y jóvenes.

Los vecinos aportaron datos concretos sobre al menos diez heridos, seis niños y cuatro adultos. La información fue reunida por Emiliano Gareca, coordinador de Relaciones Institucionales de Atajo, el programa de acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación.

Gustavo González le dijo a este diario que hubo “muchas quejas de los vecinos por la atención que recibieron los heridos que fueron llevados (la noche de la represión) al Hospital Piñero. “Los médicos, presionados por los gendarmes, los atendieron mal y uno de ellos, incluso, les dijo a varios que se vayan porque la información que les había pasado la policía era que habían sido heridos durante un supuesto enfrentamiento” con la Gendarmería.