“Limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”, expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el nuevo protocolo “antipiquetes”. Además, el organismo indicó que “amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar” la protesta social, y no prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones. “Represión lisa y llana, el procedimiento es: se reprime, desaloja y luego se pregunta por qué se reclama”, calificó Myriam Bregman, diputada del PTS-FIT, al mismo tiempo que pidió la interpelación en el Congreso de la ministra Patricia Bullrich por la represión de Gendarmería a la murga del Bajo Flores. “El objetivo de este protocolo es criminalizar la lucha contra el ajuste brutal que impulsa Mauricio Macri”, expresó el Nuevo MAS.