Según la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense la tasa de suicidios en las cárceles de la provincia es casi diez veces mayor que en la población general, 62 contra 6,5 por cada 100.000 habitantes. Así se desprende de un estudio sobre los casos producidos entre enero de 2000 y julio de 2002, que abarcan los períodos de gobierno de Carlos Rückauf y Felipe Solá. Una síntesis del trabajo fue publicada en el segundo número de la revista Ministerio Público, que dirige el Procurador Eduardo Matías De la Cruz, bajo el título “Muertes voluntarias en las cárceles bonaerenses”. El estudio no contempla la posibilidad de que un alto porcentaje de esos presuntos suicidios sean en realidad asesinatos, como se viene denunciando en forma reiterada. Entre los autores del trabajo figura Susana Marchiano, una de las funcionarias de mayor confianza del Procurador. El 17 de julio de 2002, Marchiano transmitió a los defensores oficiales la orden de De la Cruz de no documentar más mediante fotografías los casos de torturas que se producen en forma sistemática en las cárceles bonaerenses. Durante la gestión del ex ministro de justicia Alfredo Meckievi, el gobierno provincial protegió en forma abierta y militante a la organización delictiva que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense somete a servidumbre y a indecibles padecimientos a la población de personas privadas de su libertad. A mediados de 2002 había en la provincia 25.000 personas detenidas, alojadas en cárceles y comisarías cuya capacidad era para 15.000. Las estadísticas oficiales indicaban entonces que la política de encarcelamiento masivo propugnada por el gobierno bonaerense incrementaba esa población de prisioneros en 2.500 personas o un 10 por ciento por año. En una reciente reunión del ministerio público varios funcionarios discutieron el criterio a seguir en los casos de presos muertos en sus celdas. Quienes responden en forma vertical a las directivas del Procurador dijeron que no debían promoverse investigaciones al respecto.
El estudio afirma que la mayoría de los suicidas están entre los internos más jóvenes, que “sufren de psicosis afectiva y con frecuencia presentan adicciones a ciertas sustancias y actitudes muy violentas hacia sí o hacia terceros”. La mayoría de los denominados suicidios se produjeron por ahorcamiento y en menor medida por quemaduras y asfixias. “Todos ocurrieron dentro de las celdas”, que es donde el personal penitenciario goza de mayor impunidad. La Comisión Provincial por la Memoria había denunciado esta situación en una nota dirigida a De la Cruz. Ese texto firmado por su copresidente, Adolfo Pérez Esquivel, denunciaba que los secretarios de ejecución de los departamentos judiciales de la provincia fueron citados por el Procurador el 17 de julio de 2002 a una reunión en la que el Secretario General de la Procuración, Carlos Pettorutti, y la coordinadora del Area Carcelaria, Susana Marchiano, les indicaron “que no se tomaran placas fotográficas de las personas que resultaran víctimas” de torturas y otros castigos. Una denuncia presentada en febrero de este año por el Centro de Estudios Legales y Sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos añade que cuando los funcionarios le preguntaron si en caso de lesiones ostensibles de un preso tampoco debían tomarse fotos, Marchiano dijo que no y que “en caso de trascendencia pública de tales placas podían ser objeto de sanciones”. Algunas de esas fotos fueron publicadas en este diario. El estudio afirma que la prevención “se hace mucho más difícil” en razón de la “superpoblación que impera en todas las cárceles de la provincia” y, sin asomo de ironía, dice que “los prisioneros son especialmente vulnerables al suicidio”.