Antes del anuncio, la procuradora Alejandra Gils Carbó comunicó que había reiterado al gobierno nacional los requerimientos que hicieron el año pasado sobre los documentos desclasificados. En una carta a la canciller Susana Malcorra, la procuradora y las autoridades de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad solicitaron que se incluya en la agenda con el presidente Barack Obama el levantamiento de las tachaduras sobre los documentos ya desclasificados, así como la desclasificación de nuevos documentos “que puedan contribuir con el esclarecimiento histórico y judicial de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino en el pasado reciente”. El pedido de la procuración fue que se incluyera en la agenda los “temas vinculados con la cooperación bilateral para la investigación penal de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Argentina en el marco de la última dictadura cívico-militar (1976-1983)”. En la nota, recordaron que hubo pedidos similares de desclasificación el año pasado, en especial en las causas relacionadas con la Operación Cóndor.