Cuando aún Uruguay no había retrocedido, representantes de organizaciones de derechos humanos se reunieron ayer en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para expresar su preocupación por el intento del gobierno uruguayo de designar como agregado naval en la Argentina al marino Juan Craigdallie, quien fue denunciado como represor, medida que fue rechazada por el Ejecutivo.
Estuvieron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; Carmen Lapacó de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; el pastor José De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Marcelo Brodsky, de Buena Memoria; Lita Boitano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Cuestiones Políticas, y Marta Susana Suárez Díaz, de la Comisión de Derechos Humanos de Uruguay en Argentina. Estas fueron algunas de las declaraciones a la salida:
- Estela Carlotto: “Vivimos desde mayo, expresiones del poder político clarísimas por recomponer la vigencia de los derechos humanos, la verdad y la justicia. Por lo tanto, esta noticia hiere mucho nuestros sentimientos como ciudadanos. Se está tratando desde el Estado y desde nuestro lugar de impedir la convivencia con asesinos y torturadores, de manera que es intolerable que se pretenda traer como agregado militar a alguien que tiene sobrados cargos de haber participado en la represión, haber incluso asesinado a dos argentinos, y haber sido participe del Plan Cóndor. Aceptar esta situación, sería un espantoso precedente de aceptación de lo que fue el terrorismo de Estado”.
- Horacio Verbitsky: “No es la primera vez que (Jorge) Batlle ofende al pueblo argentino. Lo hizo cuando atravesábamos la crisis posterior al derrumbe institucional del cual se cumplen dos años. Y no podía haber elegido mejor renovación de la ofensa: cuando la Operación Cóndor está saliendo a la luz, y se avanza en la posibilidad de castigo a quienes participaron tanto en la Argentina como en Chile, que aparezca el presidente de Uruguay enviando como agregado militar a una persona que fue denunciada por un camarada de armas ante el Parlamento por participar en secuestros, torturas y ejecuciones clandestinas. Queríamos pedir al Gobierno que no aceptara la acreditación, y ya había tomado esa decisión. De modo que no expresamos el pedido de que lo rechacen sino la solidaridad con el Gobierno por haberlo hecho”.
- Marta Susana Suárez Díaz: “Como Comisión de Derechos Humanos de Uruguay en Argentina, nos solidarizamos con el presidente Kirchner por la medida tomada. Es la segunda vez que Batlle nos avergüenza con sus actitudes, y más en un caso en que se trata de un violador de derechos humanos que nos parece realmente una provocación. Expresamos nuestra solidaridad con la medida que se ha tomado y expresamos a los argentinos que lo que ha sucedido no nos representa como uruguayos”.