El viernes al alba la Cámara de Diputados sancionó la ley de emergencia para prohibir los despidos y al atardecer Macrì firmó el veto. Lo anunció con jactancia en una fábrica que luego de un cierre reabrió con un tercio menos de sus trabajadores y con el resto privado de todo derecho laboral. Allí hizo explícito su punto de vista: la ley cercena la libertad de los empresarios para despedir a sus trabajadores (cosa que según dijo no se proponen hacer), y eso conspira contra el crecimiento (de sus utilidades, es de suponer). El trámite legislativo fue la primera derrota categórica del gobierno, que se consuela con la afirmación dogmática de Durán Barba, para quien el veto acrecentará la popularidad de Macrì. La lealtad de Macrì al núcleo duro de sus representados es una virtud que no abunda en todas las tiendas políticas pero entra en conflicto con la irritación que le produce que su gobierno sea caracterizado como el de los ricos. El proyecto fue pedido por las cinco centrales de trabajadores que lo respaldaron con un acto masivo frente al monumento al trabajo, y presentado por el Frente para la Victoria. El Frente Renovador de Sergio Massa zigzagueó entre el gobierno y la oposición y presentó un proyecto propio, en el que además de vedar los despidos incluyó una serie de beneficios para las PYMES, sobre los lineamientos acercados al Congreso por la Confederación de la Mediana Empresa, CAME. Sin preocuparse por ocultarlo, Massa dejó saber que su objetivo era no ir a la zaga del FpV. Durante varios días, el gobierno celebró esta ayuda del opoficialismo, hasta que leyó mejor el proyecto, preparado por el diputado Marco Lavagna, por el que la prohibición de despidos regiría en forma retroactiva al 30 de marzo de 2016, y advirtió que tendría un alto costo fiscal. El Frente para la Victoria propuso a Massa que si acompañaba el proyecto que venía con media sanción del Senado, el principal bloque opositor votaría al mismo tiempo un proyecto con las medidas de los renovadores para las PYMES. Pero Massa se opuso, como si no hubiera nadie más en la cancha, con la expectativa de que ni el FpV ni Cambiemos tuvieran los votos suficientes para aprobar sus respectivos dictámenes y entonces él pudiera imponer el propio. Pero calculó mal y 142 diputados aprobaron la veda y la doble indemnización. Su bloque se partió entre quienes terminaron sumándose al proyecto del FpV (Felipe Solá, Facundo Moyano, Graciela Camaño y el propio Massa), aquellos que se abstuvieron; uno que se opuso (el ex ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica, José Mendicurren) y uno que se borró como Casildo Herrera. La historia no termina con la sanción legislativa ni con el veto presidencial. La insistencia por los dos tercios del Senado es posible y, en tal caso, ejercería presión sobre los diputados. Pero aún si no prosperara, el Frente para la Victoria elaboró un proyecto de ley de Asistencia Nacional a las PYMES para “garantizar su sustentabilidad económico-financiera y preservar sus niveles de empleo durante 180 días prorrogables”. Luego de algunas reuniones entre Marco Lavagna y Axel Kicillof, ese texto se aproxima al de los renovadores, cosa lógica ya que ambos se originaron en el reclamo de la CAME. El proyecto ofrece a las PYMES facilidades de pagos hasta doce cuotas para sus impuestos y aportes previsionales, con una tasa reducida al 0,5 por ciento mensual; les permite compensar saldos entre la AFIP y la ANSES; suspende por 180 días la ejecución de deudas impositivas; les da 90 días para ingresar el IVA a partir de la facturación. También les permite descontar de sus impuestos a las ganancias y los bienes personales hasta el 20 por ciento de las utilidades reinvertidas en maquinarias o tecnología y computar como pago a cuenta de esos impuestos lo pagado por el impuesto al cheque; les restablece el carácter de monotributista suspendido por falta de pago y las exime del primer pago del primer anticipo de ganancias o ganancia mínima presunta posterior a la sanción de la ley. Además retrotrae a noviembre de 2015 las tarifas de electricidad, gas y agua, por 180 días o mientras dure la emergencia ocupacional. Quienes mantengan o incrementen la cantidad de trabajadores registrados gozarán de esas tarifas por otros 24 meses. Por una línea de adelantos o redescuentos del Banco Central, las PYMES podrán financiar hasta la mitad de sus contribuciones patronales mediante créditos de la banca comercial con una tasa promocional del 22 por ciento. Las líneas de financiamiento subsidiadas para incorporar tecnología tendrán 180 días de gracia. Un régimen de promoción industrial para PYMES permitirá imputar a cuenta del impuesto a las ganancias los aportes patronales pagados. De aprobarse el proyecto se crearía un Consejo de Monitoreo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con participación de distintos ministerios, de representantes del sector PYME y académicos especialistas en desarrollo industrial y política comercial. Ese Consejo determinará la extensión del Plan Ahora 12, en cuotas sin interés, para aquellos sectores PYME que atraviesen una situación crítica, con riesgos para la producción y el empleo, en virtud de la caída de las ventas en el mercado interno, la mayor competencia externa o la falta de instrumentos de financiamiento. Las PYMES representan el 99 por ciento del universo empresarial, emplean al 60 por ciento de los asalariados del sector privado, explican el 45 por ciento de las ventas totales, el 65 por ciento de la inversión productiva y financian con fondos propios el 75 por ciento de esas inversiones. Un segundo veto seria aún más difícil de explicar.