Por V. G.

El ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, los ex senadores Emilio Cantarero y José Genoud y el arrepentido Mario Pontaquarto serían procesados antes de que termine la feria de enero. Funcionarios judiciales aseguraron a Página/12 que el juez Rodolfo Canicoba Corral no clausurará la investigación con esa medida, sino que luego ordenará una nueva tanda de indagatorias y que entre los convocados estaría el ex presidente Fernando de la Rúa.
El próximo jueves Cantarero se convertirá en el primer indagado luego de que el ex secretario parlamentario confesara haber participado del pago de coimas a senadores a cambio de la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. El viernes debe presentarse ante el juez De Santibañes, y el lunes es el turno de Genoud. Canicoba Corral decidió convocarlos como sospechosos porque, de acuerdo al testimonio del arrepentido, ellos fueron los que estuvieron en contacto directo con el dinero. El ex jefe de la SIDE se lo entregó (a través de su secretaria) a Pontaquarto y éste a su vez lo repartió entre Cantarero y Genoud.
En el juzgado consideran que, a pesar de que ni Martín Fraga Mancini –ex secretario de Remo Costanzo– ni Gladys Mota –secretaria de De Santibañes– ratificaron la declaración de Pontaquarto, las palabras del arrepentido fueron confirmadas por otras pruebas que hay en el expediente. Una de ellas –muy importante– es la reconstrucción que, sin dudar, hizo el ex secretario parlamentario por el Senado, la SIDE y la casa de Cantarero. Otros indicios que respaldan al arrepentido son los informes de la Secretaría de Inteligencia y de distintas compañías de teléfonos. En ellos consta, por ejemplo, que Pontaquarto estuvo el 18 de abril en la SIDE y que el 26 de junio por la noche hizo una llamada en los alrededores de Callao al 1800, cerca de la casa de Cantarero. Esa comunicación fue la que habría realizado para pedir que le abrieran el portón del edificio del ex senador, a quien le fue a dar la plata.
Están probabas también otras llamadas –con Remo Constanzo, José Genoud y otros senadores– que Pontaquarto recibió entre las nueve de la noche del 26 hasta el 27 al mediodía. Además, está confirmado que la Secretaría de Inteligencia retiró, en los días previos a la discusión de la Ley de Reforma Laboral, más de seis millones de pesos de sus cuentas en el Banco Nación. Tanto De Santibañes como su sucesor, Carlos Becerra, y el director de finanzas Juan José Gallea dieron diferentes explicaciones –ninguna satisfactoria– sobre el uso de ese dinero.
Estos elementos, coinciden distintos investigadores, son suficientes para procesar a los acusados por “cohecho”. Para dictar esa medida basta con acreditar la probabilidad de que un hecho ocurrió y de que alguien lo cometió. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado estimaban que varios senadores debían haber sido procesados aun antes de que Pontaquarto irrumpiera en escena con sus declaraciones a la revista TXT. Por eso apelaron en su momento la falta de mérito que les concedió el ex juez Carlos Liporaci. Ahora, el arrepentido dejó un estrecho margen para no firmar un fallo asegurando que hay causas fundadas para sospechar de que se pagaron y cobraron coimas.
Con un procesamiento por cohecho (coimas) los acusados podrían permanecer en libertad al menos hasta que se realice el juicio oral. Luego, el tribunal que lleve adelante el juicio deberá establecer si corresponde aplicar penas de cumplimiento efectivo y si Pontaquarto es merecedor de una consideración debido al aporte que hizo a la investigación con su confesión. Por ahora no existe en el país una ley del arrepentido que beneficie a quienes se colocan en esa posición.
Antes de comenzar con las indagatorias, es decir entre hoy y mañana, Canicoba Corral tomaría un par de declaraciones testimoniales destinadas a sumar pruebas. Y luego de firmar los procesamientos, comenzaría en febrero con otra ronda de indagatorias. En esta segunda parte de la investigación serían convocados De la Rúa y varios de los ex senadores que aparecen enel papel que, según afirmó Pontaquarto, le entregó Cantarero cuando él le dio los cuatro millones trescientos mil pesos. En ese documento figuran Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo, Julio San Millán, Hugo Sager, Carlos de la Rosa, Beatriz Raijer y José Luis Gioja. También serían convocados el ex director de finanzas de la SIDE, Juan José Gallea, y el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
De la Rúa fue mencionado por Pontaquarto en su declaración cuando hizo alusión a una reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada en que Genoud mencionó que los peronistas necesitaban de otras cosas para sancionar la ley y que el ex presidente contestó “eso arréglenlo con Santibañes”. Los fiscales creen que De la Rúa debía necesariamente estar informado de la utilización de cinco millones de pesos de la SIDE para sobornar a senadores de las dos principales bancadas. Además, Pontaquarto relató que mientras negociaba su frustrado cargo post sobornos en París, Carlos Becerra le admitió que tenía orden de arreglar su situación. Y el jefe de la SIDE sólo recibe ordenes del presidente de la Nación.