Hoy es el día señalado para que la SIDE entregue a la Justicia información sobre la aplicación de 2857 millones de pesos/dólares que recibió de Hacienda entre 1988 y 2001 para gastos reservados. Se espera que la Secretaría de Inteligencia, puesta bajo la lupa por el affaire de los sobornos al Senado para obtener la sanción de la reforma laboral en el año 2000, proporcione registraciones y comprobantes sobre el destino de la cifra arriba citada. La documentación se añadiría al expediente de la causa 512, abierta a comienzos de 2001, y en la que se investiga la utilización de un total de 4150 millones de pesos/dólares, que entre el 88 y el 01 salieron del Tesoro Nacional con rumbo a 13 organismos estatales. También esta causa está en manos de Rodolfo Canicoba Corral.
En fuentes próximas a la Fiscalía predomina el escepticismo, presumiéndose que la SIDE, pese a haber cambiado de responsables, retaceará su colaboración. Según trascendió, el organismo de espionaje reaccionó ante el reclamo de datos y documentación por parte de la pericia, presentándose ante el Juzgado Federal número 3 para explicar por qué se rehusaría. Su estrategia consiste en escudarse en el carácter secreto de los fondos en cuestión.
Sin embargo, otros ámbitos estatales están mostrando mayor predisposición. En Presidencia de la Nación y en el Ministerio de Interior, también involucrados en la pesquisa, hay orden de proporcionar todos los registros requeridos. Aunque en esos casos los montos en juego son mucho menores, totalizando 106 millones según la información proveniente de Hacienda, se supone que el criterio adoptado por la cúspide del Gobierno debería ser seguido igualmente por los demás niveles. Pero no parece ser así.
Según confiaron las fuentes a Página/12, el menguado optimismo de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, los mismos de la Ley Banelco, proviene asimismo de una reciente disposición de Canicoba, ordenando suspender la pericia hasta que pueda estudiar su “pertinencia y utilidad”. Esto aplicó un freno a toda nueva diligencia, aunque sin anular las que ya estaban en marcha. Pero, en cualquier caso, revelaría poca voluntad judicial por develar qué se ha hecho con tanto dinero tomado del presupuesto nacional.
En principio, los fondos reservados son asignados con tres finalidades genéricas: remunerar personal sin discriminar, retribuir servicios no personales y adquirir bienes de uso. Si es verdad que la SIDE fue la caja desde la cual se compró la reforma laboral, ¿en cuál de esas tres aplicaciones podrían encasillarse esos sobornos? Parece difícil considerar una ley como un “bien de uso”, como sí lo son una camioneta o un acondicionador de aire. Tampoco caería en el rubro “servicios no personales”, como un software o una transferencia financiera.
Lo más sensato sería considerarlos como una remuneración a “personal sin discriminar”, que serían en este caso los senadores presuntamente involucrados en el escándalo. Habrá que ver hoy cuánta información sobre el particular está dispuesta a brindar la SIDE, porque si hay algo claro es que la plata para comprar la votación legislativa está necesariamente incluida entre esos casi 2900 millones que Inteligencia recibió de Hacienda en un período que incluye al año 2000.