La extensión del auge privatizador de los ‘90 a la salud, supuestamente una de las funciones básicas del Estado “mínimo, pero eficiente” que se decía propugnar, no dio los resultados esperados. La pérdida de nivel adquisitivo de una porción de la ciudadanía y las limitaciones que, ya antes de la crisis, comenzó a mostrar la medicina prepaga se tradujeron en fuertes restricciones para el crecimiento del negocio, que intentan subsanar por la vía del aumento de las cuotas y la reducción de las prestaciones. La pelea de fondo parece volver al principio: fortalecer un sistema de salud universal o mantener la validez de la concepción mercantil para lo que debería ser un bien social.
Una reciente encuesta privada mostró que el consumo de la clase media a fines de 2003 se encontraba un 10 por ciento por debajo del que disfrutaba tres años antes. Aunque el análisis no incorporaba específicamente los gastos médicos, resulta indicativo, pues el retroceso de los sectores medios es uno de los componentes que explican las turbulencias que atraviesa el sistema de medicina prepaga.
Según reseña el especialista en economía de la salud, Carlos Vasallo, los planes individuales de medicina prepaga registraron su etapa de auge en la primera mitad de los ‘90, cuando “una clase media optimista los adoptó como un bien de consumo cuasi obligado para agregar al combo del club y el colegio privado de los chicos”. Agotada la etapa inicial, las necesidades de ampliación del mercado demandaron una estrategia más sofisticada: fue el momento de los planes corporativos. Siguiendo el modelo de afiliaciones a las AFJP, los promotores de la salud privada no tardaron en descubrir que era más fácil vender el paquete a una empresa, pactando con unos pocos gerentes, que a cada uno de sus empleados.
Así como en las restantes privatizaciones de servicios públicos fue necesario inducir primero el deterioro de las empresas públicas, la mercantilización de la salud demandó el debilitamiento del sistema de salud estatal y gratuito. En consecuencia, los sectores con el poder adquisitivo necesario optaron por el sistema privado. Para el especialista en medicina social Juan Carlos Escudero, el proceso no fue netamente local, sino global. “El objetivo del capitalismo, sostiene, no es que se acceda a la salud como un derecho de ciudadanía, sino a través de un seguro privado.”
Pero en Argentina las cosas no parecen haber salido muy bien, en especial por la reducción de la base social a la que se pensaba extender el negocio. Para el 2000, la venta de planes individuales estaba completamente devaluada y la estrategia fue avanzar directamente sobre la porción de mercado que tenían las obras sociales. El non plus ultra era la desregulación completa del mercado, algo que el fortísimo lobby de las prepagas casi consigue en las postrimerías del menemismo, pero que finalmente fue frenado por la resistencia sindical. Ya en tiempos de la Alianza, a través de un decreto presidencial, se consiguió un híbrido que permitía a las prepagas gerenciar los sistemas de salud sindicales. La clave estuvo en permitir a los trabajadores la migración de sus obras sociales de origen. En contrapartida, crecieron nuevas obras sociales de las ramas más variadas e insólitas que ofrecían el sello y respaldo de las prepagas más renombradas. El objetivo era captar la crema del negocio, es decir, los trabajadores con las remuneraciones más altas. El negocio floreció hasta la instrumentación del Programa Médico Obligatorio, cuya cobertura demostró no ser tan rentable para los privados. Mucho menos en el marco de las obras sociales, en el que la prestación mínima debía darse cualquiera sea el nivel de ingresos de los afiliados. Los analistas del sector prevén que en 2004 se profundizará el divorcio entre obras sociales y medicina prepaga.
Para completar el panorama, además del ajuste salarial vía suma fija dispuesto por el Gobierno, los cambios de precios relativos tras la devaluación se tradujeron en aumento de costos de insumos –importados–que se trasladaron con ajustes de hasta el 40 por ciento en las cuotas. En algunos casos también se reflejaron en el retaceo de la oferta médica para desalentar su consumo y en la reducción unilateral de muchas prestaciones (ver aparte). Como la nueva realidad convive con la reducción del poder adquisitivo de una porción de los afiliados, los conflictos no podían demorarse.
Por el lado de las empresas el nuevo desafío es cómo sobrevivir en un mercado que no crece. Un camino pueden ser las fusiones, como las ya ensayadas por algunos grupos. Sin embargo, la “ayuda estatal” podría convertirse en un resguardo fundamental para los privados. El indicio fue dado por Pablo Giordano, presidente de Ademp, una de las tres cámaras que agrupan a las prepagas. En una publicación institucional sostuvo recientemente que “es hora de que el Gobierno se defina sobre la política de salud acorde a los recursos disponibles; implementar un seguro universal público, como en España, Italia o Inglaterra, o integrar a los tres subsectores, hospitales públicos, seguridad social y medicina prepaga, en un marco armónico que sume sus potencialidades”. Traducido, esto significa que el Estado subsidie la contratación de seguros privados de salud, por ejemplo vía créditos del Banco Mundial, en desmedro del sistema estatal universal.