En los últimos años, pese a la promesa de un servicio mejor al prestado por las obras sociales sindicales y del propio Estado a través de la red de hospitales públicos, los afiliados al sistema privado no tardaron en padecer algunas sorpresas. Al igual que en muchos sectores de la economía, el atractivo por lo privado no tardó en mostrar sus limitaciones, cuando no sus graves deficiencias. Sobre todo luego del empobrecimiento de muchos usuarios en los últimos años. En la relación de las empresas de medicina prepagas y sus clientes se denunciaron irregularidades para todos los gustos.
Entre los reclamos más comu-nes ante la Secretaría de Defensa de la Competencia se destacan los siguientes:
- Aumento sorpresivo de cuotas, cuando deberían avisar con 30 días de anticipación. Desde la devaluación las subas en las cuotas llegan al 40 por ciento.
- Baja unilateral en el porcentaje de cobertura del precio de los medicamentos.
- Falta de cobertura de los servicios básicos establecidos en el PMO, el que, por ley, está por encima de los contratos suscriptos entre las empresas y los afiliados.
- Falta de cobertura en medicina de alta complejidad. Los casos más denunciados se vinculan con operaciones cardiovasculares, rehabilitaciones, oncología y operaciones en el exterior.
- Retaceo de la oferta médica para desalentar su consumo. Esto se materializa a través de demoras en los turnos de consulta y tiempos de espera excesivos para las atenciones.
- Desafiliaciones unilaterales. Se han presentado denuncias de usuarios en situaciones de riesgo y con sus pagos al día que fueron desafiliados por “antieconómicos”.
- Solicitud de firmar pagarés para la cobertura de determinados servicios.
- Negación de la atención de afecciones y enfermedades que las empresas consideran “preexistentes” al momento de la afiliación.