La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará el martes un pedido de nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria el 20 de octubre ante el juez Julián Ercolini, por la obra pública que benefició a Lázaro Báez. La base de la acusación formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es un informe de Vialidad Nacional, escrito por las autoridades macristas, pero el martes habrá varios planteos de nulidad de la convocatoria a las indagatorias porque el informe de Vialidad concluye lo contrario de lo que dicen los fiscales: que no hay irregularidades mayores en lo analizado. Por otro lado, el abogado de CFK seguramente se presentará señalando que no hay descripción alguna de la responsabilidad de la ex presidenta, que ni estaba encargada de las licitaciones provinciales de Santa Cruz ni tenía encomendado el control de las obras. La causa tiene su costado llamativo: la esposa del juez Ercolini, María Julia Kenny, es la vocera del ministro de Justicia Germán Garavano y el fiscal Mahiques es el hermano del viceministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El llamado a indagatoria de Ercolini es considerado por CFK y su abogado, Carlos Alberto Beraldi, como un nuevo episodio en lo que denominan la persecución política. Es muy posible que en el escrito que presentará Beraldi se objete todo el requerimiento fiscal y también el llamado a indagatoria.

Como ya señaló este diario, el texto de Pollicita y Mahiques es esencialmente político y hace hincapié, por ejemplo, en que se adjudicó a Santa Cruz el 11,2 por ciento de las obras viales del país, “más que cuatro provincias sumadas”. Por de pronto, la provincia sureña ocupa más del 9 por ciento del territorio nacional, por lo cual no es desproporcionada la asignación de la obra vial, además de que la construcción allí es, por las condiciones climáticas, mucho más cara que en el resto de la Argentina. Otro argumento utilizado por los fiscales, es que el kirchnerismo utilizó en el gobierno nacional a funcionarios que venían de la administración kirchnerista en Santa Cruz. Es obvio que todos los gobiernos recurren a los funcionarios con los que ya venían trabajando. Y resulta asombroso que se utilice semejante argumento como si fuera una prueba de algo.

Más allá de estos argumentos insólitos, los fiscales utilizaron como base un informe de Vialidad Nacional hecho por sus actuales autoridades, es decir por el macrismo. Un dato notable, es que –según aseguran varios de los defensores de los imputados– el informe no llega a las conclusiones tomadas en cuenta por los fiscales, sino que sostiene que no hubo mayores irregularidades. Este será uno de los argumentos de las presentaciones del martes.

Este diario ya señaló que los fiscales sostienen en su acusación que a cambio de la adjudicación de la obra pública a Lázaro Báez, éste pagó supuestas coimas a través de los alquileres de hoteles y oficinas. Las cifras no cierran: Báez sumó obra pública por 16.000 millones de pesos y los alquileres no alcanzaron a 40 millones, el 0,2 por ciento.

Uno de los elementos que marcan la pauta del carácter político de la acusación es que la adjudicación de obra pública llevó siempre la firma de los jefes de gabinete, pero ni Alberto Fernández ni Sergio Massa ni Aníbal Fernández fueron indagados. En cambio sí fue llamada a indagatoria la ex presidenta y lo que marcará su abogado, Beraldi, es que no hay ninguna descripción de su papel: el presupuesto de las obras viales fue votado por el Congreso aunque hubo extensiones firmadas por los jefes de Gabinete, las licitaciones se hicieron en Santa Cruz y el control de las obras no le correspondía a ella.

El llamado a indagatoria de Ercolini es asombroso. El magistrado podría haber ordenado una pericia sobre las obras, con participación de los imputados, pero convalidó el pedido de los fiscales que se hizo en base a un informe de Vialidad, hecho por funcionarios macristas sin ningún control de las partes y que según las defensas ni siquiera dice lo que afirman los fiscales. Llama la atención que no se hayan siquiera esperado las pericias en marcha en la causa Hotesur que abarcan todos los alquileres que se mencionan en la acusación.

Todo indica que el apuro tiene que ver con la política y la perspectiva electoral. Y no puede dejar de crear suspicacias que la esposa del juez trabaje con el ministro de Justicia y que el hermano del viceministro de esa cartera sea uno de los fiscales del caso.