Los fondos de la SIDE vuelven a estar bajo la lupa de la Justicia, en este caso para saber si fueron a parar a los bolsillos de periodistas, jueces y funcionarios públicos. El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó al juez Jorge Urso una serie de medidas tendientes a abrir archivos de la Secretaría de Inteligencia y a revisar leyes secretas, a través de un necesario decreto presidencial, para establecer si quienes dirigieron ese organismo malversaron fondos públicos. Así lo había asegurado el ex presidente Fernando de la Rúa en declaraciones periodísticas que ahora se transformaron en un formal expediente judicial. Esta causa aparece como la contracara de la de los sobornos en el Senado, en la que está imputado, tal como la investigación del presunto complot para derrocarlo lo es en relación con el caso por la masacre del 20 de diciembre.
De la Rúa había afirmado, en una entrevista publicada por el diario La Nación, que “existe una prensa independiente y otros que reciben sobres”. Convocado a ratificar sus dichos ante el juez Urso, mencionó la existencia de “operaciones políticas realizadas con la intervención de los medios de comunicación, las cuales surgirían del análisis de los distintos presupuestos acordados a la Secretaría de Inteligencia del Estado entre 1999 y 2001”. El ex presidente también mencionó un informe de la institución Freedom House, según el cual “en la Argentina la libertad de prensa sigue amenazada ‘por los pagos mensuales ocultos de la Secretaría de Inteligencia a docenas de reporteros y editores’”.
El fiscal Rívolo impulsó también otra investigación, a partir de otros dichos del ex presidente sobre el mismo tema. En una entrevista con Luis Majul dijo que él “había puesto fin a una situación que era vox populi durante los años ’90, que era el pago de sobresueldos a jueces federales, legisladores y periodistas”. En su declaración testimonial, afirmó que tomó conocimiento de los pagos a través de “comentarios generales que se hacían”, y que “según escuchó y se decía en el Senado, en la época en que gobernó Carlos Menem hubo legisladores que recibieron un complemento salarial que incluso declaraban en sus manifestaciones de bienes”. Además, dijo que en un programa televisivo escuchó decir a Juan Bautista Yofre, ex jefe de la SIDE, que cuando ocupó ese cargo “había hecho pagos remuneratorios a miembros del Poder Judicial”.
En su dictamen, Rívolo afirmó que necesita contar con el marco legal que rige la aplicación de fondos de la SIDE, incluso aquellas disposiciones que fueron derogadas y/o modificadas por la nueva Ley de Inteligencia, en su mayoría normas secretas. Además, precisó que requiere autorización del Poder Ejecutivo para “proceder a la apertura de los archivos contables y operativos que hubiesen determinado salidas de dinero”.
Rívolo no es el primer funcionario judicial que pretende bucear en las cuentas ocultas de los espías. De hecho, ya existe una causa que investiga los fondos de la SIDE, en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, pero fuentes judiciales aseguraron a Página/12 que este magistrado no tiene intenciones de pedirle el expediente a su colega Urso. Uno de los investigadores comentó a este diario que no es esperable encontrar los pagos con nombre y apellido, pero están decididos a reabrir el debate “sobre la naturaleza discrecional de los fondos de la SIDE”.
Tal como ocurrió cuando denunció la existencia de un presunto complot para derrocarlo, una vez más De la Rúa intenta desviar el eje judicial que lo sigue teniendo en la mira.