Diferenciándose de la Cámara de Casación Penal, que falló que cortar las rutas es delito, el procurador Luis González Warcalde aconsejó revocar la sentencia contra la docente Marina Schiffrin, condenada por participar de un piquete. El caso Schiffrin está a estudio de la Corte Suprema, que se pronunciaría en los próximos días. La decisión sentará jurisprudencia para las tres mil personas que tienen causas abiertas por el conflicto social. En su dictamen, González Warcalde planteó que la acusada pudo haber participado en el piquete desconociendo que se trataba de un delito. “Si alguien se consideró autorizado a cortar una ruta porque interpretó equivocadamente los principios constitucionales que le garantizan su ‘derecho a protestar’, se debe analizar a la luz de la teoría del error de prohibición si era exigible la posibilidad de comprender que su conducta era contraria a derecho”, señaló. González Warcalde consideró que amplios sectores “encuentran en los cortes de calles una forma de llamar la atención sobre las injusticias, necesidades y padecimientos colectivos”.