EL PAíS
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Otras voces
- Gregorio Badeni, abogado constitucionalista: “Los sobresueldos que provienen de los fondos reservados constituyen una grave falta de ética, ya que fueron creados para ser utilizados para gastos funcionales y no para personales. Durante el juicio a María Julia muchos de esos funcionarios admitieron que los aceptaron como si fueran una remuneración para sus gastos. Aquí el problema no es con Menem sino con los funcionarios que han percibido estas partidas. Pero este dinero lo han percibido legalmente y por lo tanto no puede considerarse un delito. Lo que sí puede ocurrir es que la Justicia los cite para que restituyan lo que han cobrado”.
- Roberto Bugallo, abogado constitucionalista: “Aquí hay dos cosas para analizar. Por un lado, la infracción a un principio republicano que es el de la publicidad de los actos de gobierno. Carlos Menem se ocupó especialmente de ocultar este tipo de información. Pero no sólo eso, sino que se ocupó de desmentirlo, con lo cual ha mentido. Por otra parte, la enorme complicidad de los mecanismos de control, que no controlaron, callaron y ocultaron. Por eso, habría que ver si no estamos frente a una figura de asociación ilícita. No por el pago de sobresueldos sino por el ocultamiento de esos pagos y, evidentemente también, el hecho de que de esa forma se evitaba pagar los impuestos correspondientes”.
- Daniel Sabsay, abogado constitucionalista: “En la mecánica de los sobresueldos fundada en una ley secreta, los fondos reservados tenían un destino vinculado con la seguridad y nunca podían ser derivados a beneficios de funcionarios. Eran fondos malhabidos. Porque no eran públicos y porque hacían que esos sueldos se elevaran a montos superiores a los permitidos. Por lo tanto, al cobrarlos se cometían muchos delitos como malversación y desvíos de fondos, abuso de poder, peculado. Además, era una mecánica manejada a través de toda una estructura delictiva, que considero una asociación ilícita, y cuyo jefe no era otro que Carlos Menem. Yo creo que se encuentra acorralado y ve que todo se desmorona, por eso lo asume, en su amoralidad, como si fuera algo natural”.
- Alberto Garay, abogado constitucionalista: “Debería abrirse una nueva causa donde Carlos Menem sea el principal imputado. Allí debería, primero, esclarecerse bien el sentido de lo que dijo y, luego, determinar lo obvio, que es que aun cuando existe una ley secreta que autoriza al Presidente a disponer de ciertos fondos, éstos sólo deben ser para que los funcionarios cumplan con las tareas que les corresponden. Nunca deben destinarse a permitir su enriquecimiento personal ya que eso es un delito”.
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