La semana pasada los inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos recibieron otra mala noticia, que los dejó aún más desprotegidos. La Corte Suprema de ese país dictaminó que no tienen los mismos derechos que los estadounidenses cuando son despedidos injustamente. El fallo se refiere al caso de José Castro, un mexicano que usó la identificación de un amigo para obtener un trabajo con un salario mínimo en una planta de California y luego fue despedido al intentar afiliar a trabajadores a un sindicato. El hecho ocurrió en 1989.
El Consejo Nacional de Relaciones Laborales consideró que, a pesar de ser indocumentado, la empresa tenía que pagarle a Castro 67.000 dólares. Los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a sueldos retroactivos si son despedidos de forma irregular. En su fundamentos, el gobierno federal alegó la necesidad de penalizar a las compañías que abusen de trabajadores ilegales, teniendo en cuenta que 7 millones de indocumentados trabajan en Estados Unidos.
Pero el máximo tribunal argumentó que no pueden recibir sueldos retroactivos “por sueldos que no pudieron haber sido ganados legalmente y por un trabajo obtenido en primera instancia por un fraude criminal”. La Corte Federal de Apelaciones del distrito de Columbia había fallado 5 a 4 a favor de Castro.