EL PAíS
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Dos visiones sobre la medida
JORGE DE MENDONÇA*.
“Hay que tener un plan”
“No puede pensarse el destino de los ferrocarriles si no es en el marco de un plan territorial. En el espacio metropolitano hay que pensar en cuál es el desarrollo que se desea tenga cada barrio de la capital y los partidos del Gran Buenos Aires. Cuando en 1999 se extendieron las concesiones que vencían en 2004 lo crítico fue, precisamente, el congelamiento del desarrollo social y urbano. El primer paso entonces es tener un plan, lo que presupone una concientización desde los tres niveles del Estado acerca de qué tipo de desarrollo quieren para sus pueblos y ciudades. La tendencia en los países desarrollados es la superposición de vías rápidas a las tradicionales. El objetivo es que quienes vivan lejos lleguen en el mismo tiempo que quienes viven más cerca. Se trata de soluciones lógicas que no están dentro de la concepción de los tecnócratas que delinean las políticas ferroviarias, que son los mismos desde hace 30 años. En cuanto a las concesiones, podría ser un error quitarlas, primero porque el Estado se estaría haciendo cargo del desmanejo privado. Después, porque podrían crear un poderoso aparato jurídico para ganar juicios millonarios. Lo mejor, aunque se nos revuelva el estómago, es barajar y dar de nuevo con los mismos, pero con otras condiciones y de acuerdo con un plan. La limitación para esta tarea, sin embargo, está en que la política de transporte sigue diseñada por los Kogan Boys.”
* Investigador en Transporte y Territorio.
GUILLERMO MONDINO*.
“Era inevitable”
“La rescisión de la concesión del San Martín era inevitable. La prestación del servicio era calamitosa. Pero el problema no es sólo el San Martín, sino todos los ramales que administra Transportes Metropolitano, una empresa que no está en condiciones de prestar un servicio público. Por lo tanto, si bien la caída de la concesión del San Martín es una buena noticia, todavía faltan el Roca y el Belgrano. El argumento de los juicios al Estado por parte de los ex concesionarios, al menos en este caso, no debería preocupar, pues son muchos los incumplimientos contractuales verificados. Se trata de una empresa que hasta estuvo en concurso de acreedores, donde existen denuncias cruzadas dentro de la propia conducción de la firma. Debe tenerse en cuenta que toda rescisión, salvo renuncia del concesionario, es una situación conflictiva. Salvo que el proceso de rescisión sea muy mal manejado, perder un potencial juicio parece imposible. En este contexto, lo primero que debe hacer el Estado es lo que ha hecho, recuperar el ramal y después relicitarla, pero con otras condiciones. El sector público no tiene hoy una estructura capaz de hacerse cargo de la gestión. Esta situación explica la demora en tomar la decisión que se ha tomado. Tenemos un Estado vaciado, donde existe una continuidad de los cuadros técnicos que participaron del vaciamiento.”
* Defensor del Pueblo de la Nación.
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