El Gobierno vivió ayer la prueba más dura para su política ante las protestas sociales y callejeras. En la Casa Rosada se vivieron horas complicadas mientras un grupo de manifestantes actuaba como si la Legislatura fuera la Bastilla y el Código de Convivencia, la monarquía francesa. Con Néstor Kirchner de viaje en Chubut, el seguimiento de los incidentes quedó a cargo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En su despacho, Fernández siguió los episodios con el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín. Tras varias horas de silencio –que reflejaron el temor a que la protesta se expandiera por todo el microcentro como el 20 de diciembre de 2001–, el Gobierno defendió la forma en que actuó la policía. También se preocupó por contestar las críticas de una supuesta pasividad. Pero en la Rosada saben que el tema los sigue complicando y que sus adversarios lo aprovechan.
“De ninguna manera el Estado nacional permanece ajeno, estamos actuando con la responsabilidad de no caer en la provocación de quienes quieren que a la violencia le contestemos con más violencia”, dijo anoche Beliz. Lo flanqueaban Quantín y el jefe de la Federal, Eduardo Prados. “El Gobierno está siendo víctima de una extorsión de los violentos. Pero nuestra responsabilidad es no caer en esta provocación con una respuesta de mayor violencia para no agravar la situación”, afirmó. “El Estado argentino actúa, pero actúa de otra manera”, agregó.
El mensaje oficial se había definido en la reunión con el jefe de Gabinete. Allí se decidió poner el acento en que el Gobierno no era pasivo ante los hechos, en que se evitaría la “provocación” de reprimir con más violencia y en que no habría impunidad. Ante los periodistas, se subrayó varias veces en que había “23 detenidos”. También se insistió con la tesis de la “extorsión” y de la funcionalidad a la derecha. “Son 50 provocadores, ultraizquierdistas que le dan argumentos a la derecha para buscar la represión”, había dicho Fernández en ese sentido. Pero lejos de los micrófonos, el Gobierno analizaba el episodio y buscaba responsables. Además, el incidente abrió algunas grietas con el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y desnudó diferencias públicas entre los funcionarios nacionales y los de la ciudad.
El propio Ibarra fue uno de los hombres más buscados por el Gobierno. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo llamó dos veces desde Chubut. La primera respuesta lo tranquilizó y Fernández transmitió esa serenidad a los cronistas que cubrían el viaje de Kirchner. A esa hora los canales mostraban placas rojas y movileros más nerviosos que los manifestantes. Al rato, Fernández volvió a llamar a Ibarra y sus declaraciones variaron tanto que empezó a hablar de “acciones delictivas”. Dentro del gobierno porteño responsabilizan de los incidentes al vicepresidente de la Legislatura, el macrista Santiago de Estrada, por no haber dispuesto un operativo preventivo.
En el kirchnerismo hasta pensaban en una mano negra del partido de Mauricio Macri para generar un conflicto. Coincidentemente, un diputado macrista, Federico Pinedo, pidió la renuncia de Beliz por la protesta ante la Legislatura. “Los ministros que no estén dispuestos a mantener el orden tienen que renunciar”, dijo. Pero el conflicto también generó diferencias entre Beliz y el secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López. “Estamos de acuerdo que frente a las protestas no se puede usar la represión porque engendra más violencia, pero frente al vandalismo se debe actuar con todo el monopolio de la ley”, dijo el funcionario de Ibarra.