El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton firmó –justo antes de dejar su puesto– el tratado de Roma. Pero la potencia, que no ratificó el estatuto, está muy lejos de apoyar a la Corte Penal Internacional (CPI). Por el contrario, el 7 de diciembre pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó por una mayoría de 78 contra 21 la Ley de Protección para los Soldados Estadounidenses. Y una enmienda introducida por el senador republicano Jesse Helms proporcionó el marco jurídico para que Estados Unidos se oponga abiertamente en todos los foros al funcionamiento del tribunal. Entre las disposiciones de la ley de Protección de los Soldados se encuentran:
- La prohibición de Estados Unidos de cooperar con la CPI.
- Ningún país que haya ratificado el Tratado de Roma recibirá ayuda militar estadounidense (a excepción de los miembros de la OTAN y otros aliados como Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea, Nueva Zelandia y Taiwan).
- Ninguna información clasificada como de seguridad nacional será transferida, ya sea de manera directa o indirecta, a la CPI o a países que sean miembros del Estatuto de Roma.
- Los Estados Unidos no participarán en ninguna misión de mantenimiento de la paz a no ser que el Presidente certifique ante el Congreso que los miembros de sus Fuerzas Armadas estarán exentos de cualquier investigación de la CPI.
- El presidente está autorizado a utilizar “todos los medios necesarios y apropiados” para lograr la liberación de personal estadounidense o aliado detenido o hecho prisionero por la Corte o en su nombre.