“Si se sanciona el código, para protestar vamos a tener que pedir permiso. Nos prohíben además cortar la calle, ¿y qué cree que va a pasar?: al otro día de que se apruebe, me meten preso por delincuente. ¿O usted piensa que yo voy a dejar de comer?”, preguntó el piquetero. En la vereda de la Plaza de Mayo, mientras esperaba que terminara la reunión en la Legislatura, el desocupado explicó en estos términos su rechazo al proyecto de Código de Convivencia. El texto –el del despacho aprobado por mayoría– castiga a quien “obstaculice la circulación en la vía pública” con 2 a 10 días de arresto o una multa de 200 a mil pesos.
El piquetero estaba acompañado por su mujer, Viviana, quien se mostró convencida de que para frenar esos recortes a la protesta “no hay otra que movilizarse”. “Me da la impresión de que mucha gente todavía no se dio cuenta de lo que propone el código”, dijo a Página/12. La sanción contra los piqueteros se elevará al doble cuando la medida “provoque embotellamientos”, cosa que, por supuesto, producen todos los cortes.

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Los vendedores callejeros estuvieron en la segunda línea de la manifestación. El código los mata porque prohíbe la venta ambulante. Ante la primera contravención, deberán pagar una multa de 200 a mil pesos y a la tercera, según el artículo 18 (que habla de las reincidencias) irán presos. Norberto Díaz, vendedor de garrapiñadas, estaba indignado ante tal suma de hostilidades. “Vendemos un invento argentino”, argumentó en su defensa ante Página/12. Díaz tiene el secundario completo y hasta mediados de los ‘80 fue un trabajador estable, jefe de depósito del Expreso Lanín. El hombre contó que “la Justicia le permitió a la empresa la quiebra fraudulenta y así nos echaron sin pagarnos”. Por eso empezó con la garrapiñada en invierno y los helados en verano. Trabaja para un tercero y se lleva como paga el 30 por ciento de la recaudación, lo que le da un ingreso de 600 o 700 pesos por mes. Con 50 años largos, es su única posibilidad de empleo.

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En el interior de la Legislatura hubo empleados muy molestos con la protesta, que hicieron un planteo porque los piqueteros fueron recibidos y pidieron tener también una reunión igual. La queja fue escuchada por los presidentes de los bloques, que luego de entrevistarse con las organizaciones de desocupados aceptaron hacer lo propio con la sindical. El miércoles, los trabajadores habían hecho un abrazo simbólico al edificio de la Legislatura para repudiar los incidentes del viernes pasado.

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En general en todas las organizaciones evaluaban que los incidentes del viernes sirvieron para reforzar los argumentos de quienes piden represión. “No buscamos la confrontación, mucho menos cuando puede ser funcional a intereses económicos que nos exceden”, dijo Beto Ibarra, del Movimiento Territorial de Liberación. Al mismo tiempo, las organizaciones –integrantes del ala dura del movimiento– ratificaron los cortes como métodos de protesta. “Vamos a seguir marchando hasta que se discutan las cuestiones de fondo. Y en este código, en lugar de discutir los problemas centrales que hacen a la conflictividad social, el macrismo y el ibarrismo ponen como cuestión principal la represión para solucionarlo”, argumentó Roberto Martino, del Teresa Rodríguez.

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Los manifestantes cuidaron la seguridad haciendo cordones piqueteros al frente y en los costados de las columnas. En las líneas de adelante, hombres y mujeres se taparon la cara con pañuelos y llevaron palos. En una combinación inusual, en el interior de los grupos había gente con chicos e incluso con cochecitos con bebés. La columna fue extensa: cuando la cabecera llegaba a Florida se veían manifestantes hasta la 9 de Julio. Detrás de las vallas, la policía se mostró desarmada y con escudos. Algunos agentes llevaron chapa de identificación, pero no todos. La Casa Rosada también estuvo rodeada de un cerco de protección. Durante la jornada no se vio ningún tipo de incidente y también la desconcentración fue tranquila.