Surgida con el audaz propósito de convocar al capital privado para emprendimientos de riesgo y con el cometido de disciplinar precios en un mercado oligopólico y ligado al errático valor internacional del crudo, la creación de Enarsa es en sí misma un desafío. Es más. Aun en el caso de que la nueva empresa mixta fuera alumbrada con éxito, no está claro cómo ayudará a resolver algunos de los principales dilemas que enfrenta la Argentina, entre ellos la necesidad de invertir en exploración gasífera, algo que poco anima hoy a los potenciales inversores del sector.
La mitad de la matriz energética del país es gas, combustible que sigue ganando peso relativo. Sin embargo, los 600 mil millones de metros cúbicos estimados de reservas indican que en poco más de una década no habrá más que pozos vacíos, a menos que se inicie una tarea de exploración importante. Entre las amplias y variadas funciones que tendrá la futura empresa figura ésta. Pero lo que aún no se perfila con nitidez es dónde encararía esa búsqueda ni con quién se asociará para la incierta tarea.
Los especialistas del Instituto Illia sugieren que si dispusiera la caducidad de los contratos de concesión de áreas que están siendo explotadas por empresas privadas bajo condiciones de dudosa legalidad (por ejemplo, porque se prorrogó la licencia transgrediendo la ley), el Estado, y eventualmente Enarsa, podría recuperar para sí el dominio de casi el 90 por ciento de las reservas de hidrocarburos. Sin embargo, no hay siquiera indicios de que el Gobierno esté planeando tal revisión.
Entre las potestades que tendría la nueva empresa no sólo figura la de explorar el subsuelo submarino o terrestre, sino la de disponer la eventual creación de una central hidroeléctrica con el presunto afán de quitarle peso relativo a la costosa generación térmica. La realidad es que ningún generador aceptó la propuesta del Gobierno de cobrar su deuda contra el Fondo de Estabilización transformándose en copropietario de una nueva usina, lo que prueba el desánimo privado para una iniciativa de este tipo. Enarsa será una empresa mixta en su composición pero estatal en la toma de decisiones, cuyos objetivos son necesariamente emprendimientos millonarios. Así las cosas, no parece muy sencillo captar socios privados, que admitan que su dinero sea gerenciado por el Estado, el que sólo responderá con los bienes aportados a la flamante sociedad. A menos que se lo integre mediante una figura que limite su exposición claramente.
La nueva firma mixta surge con varios propósitos tan loables como ambiciosos en el horizonte actual. Uno es el de oficiar como firma “testigo” en el sector de hidrocarburos, para lo cual debería alcanzar una evergadura difícil de prever con sus pocos agentes iniciales. Otro es evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios y oligopolios. Lo que se preguntan algunos detractores de la norma es de qué modo irrumpirá cumpliendo este rol en un mercado donde hoy ocho productores tienen el 92 por ciento de gas y petróleo y sólo cuatro refinadores detentan el 90 por ciento de este segmento, todos ya sometidos al control de Defensa de la Competencia. Tampoco hay nada en la nueva ley que le confiera a todo el ciclo económico de los hidrocarburos el carácter de “servicio público”.
Sobran dudas. ¿Por qué tomó la forma de una sociedad anónima, ajena a los controles propios de una empresa pública, cuando el capital mayoritario y la gestión será estatal? ¿Por qué se le asignó la misión de crear una Base Integral de Datos, obligando a sus competidores a darle la información que hoy le retacean a Energía? Apenas algunas de las cuestiones que esperan respuesta.