Como informó este diario, el Gobierno evalúa cancelar todos los vencimientos con el Fondo Monetario durante 2005 y librarse así de las fastidiosas condiciones del organismo, que –según funcionarios de Economía– ya avisó que volverá a la carga con el ajuste de las tarifas de servicios públicos.
Para alcanzar tal objetivo, habría que echar mano de unos 4000 millones de dólares de las reservas, lo cual, de prolongarse un escenario de balanza comercial fuertemente superavitaria, permitiría incluso mantener un nivel de divisas en el Banco Central cercano a los 20.000 millones.
La decisión conlleva un primer problema de política económica. Como el superávit fiscal operativo ya está asignado en el Presupuesto 2005 (pagos de servicios y algo de capital de la deuda posdefault e intereses de la deuda renegociada), el Tesoro debería solicitar financiamiento adicional al Central por encima de los topes fijados en la Carta Orgánica, que hoy están casi colmados. La mecánica es simple: el Central cancela al Fondo con las reservas y, en su lugar, recibe títulos del Tesoro. (Nótese que si el Tesoro utilizara superávit fiscal, entonces “pagaría” al Central con pesos propios, los que saldrían de circulación.)
La cuestión detonó en la semana una absurda y peligrosa interna entre Roberto Lavagna y Martín Redrado, que Kirchner zanjó en favor del titular del Central. Sin embargo, Redrado aseguró en privado al Presidente que aceptaría discutir un proyecto de ley para flexibilizar la Carta Orgánica si se enmarcara dentro de un programa de cancelación de la deuda con el Fondo Monetario.
Economistas ultraortodoxos se alinearon detrás de Redrado, en su pulseada con Lavagna, argumentando que si se pagaba con reservas al Fondo el Central quedaría con demasiados títulos públicos (en su activo), lo que debilitaría el respaldo de los pesos circulantes (su pasivo).
Pero ni siquiera otros economistas ortodoxos comparten esa visión. El actual régimen cambiario no es una convertibilidad 3 a 1. Ninguna economía con paridad flotante guarda tantos dólares en las reservas del Central como para garantizar la convertibilidad de la moneda al tipo de cambio vigente. El mayor grado de libertad de la política monetaria es una de las ventajas de haber sepultado un sistema tan primitivo como la convertibilidad. Queda abierto, igualmente, el debate acerca del nivel óptimo de reservas para una economía con la memoria inflacionaria y de corridas cambiarias de la Argentina.
El segundo problema de política económica surge de una pregunta elemental: ¿conviene o no pagarle al Fondo? Por ahora, no están claros los beneficios de haber convalido el status de acreedor privilegiado del FMI, y sí, en cambio, son evidentes los costos: desde la devaluación, 10.000 millones de dólares de las reservas (por transferencias netas al Banco Mundial y BID). Como explicó días atrás Lavagna, sin esos giros las reservas ascenderían hoy a 29.000 millones de dólares. Alguien podría argüir que, de haber caído en default con el Fondo, Argentina no estaría hoy donde está. Pero lo mismo se decía del default con los acreedores privados. Y, que se sepa, durante todo este tiempo el Fondo escatimó a Argentina hasta palabras de aliento y buenas ondas.
Hace tiempo ya que los acuerdos con el FMI no son percibidos como un sello de calidad ante la comunidad financiera internacional, sino que se asemejan a un estigma, una marca indeleble sobre los países débiles, frágiles, acechados por la crisis.
Para colmo, es nítido como un cristal que el único objetivo del FMI hoy es achicar su exposición en Argentina, dándose la paradoja de alguien que sólo promete cobrar –sin quitas ni dilaciones– y que, al mismo tiempo, pretende imponer toda clase de condiciones al deudor. Cuando el Fondo era ambiguo y amagaba con refinanciar por tres años todos los vencimientos de capital de una deuda de 15.000 millones, tal vez valía la pena postergar la discusión. Ya no.