Las tarifas eléctricas para el consumidor domiciliario aumentaron desde ayer un 15 por ciento. La razón esgrimida es la aplicación del alza estacional correspondiente al trimestre mayo/julio, que traslada al usuario final el aumento del costo de la generación eléctrica. El ajuste tarifario correspondiente a la devaluación permanece todavía en suspenso. El aumento complicará aún más la estrategia de contención del índice inflacionario, que siguió disparándose en abril (ver arriba).
El nuevo ajuste en la luz será dado a conocer hoy por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Según señalaron distintas versiones, el secretario de Energía, Alieto Guadagni, ya firmó la resolución que difundirá hoy el ENRE. El envión estacional, determinado en base al costo de la generación eléctrica, sería del 15 por ciento. Así, el único rubro con modificaciones de las facturas que recibirán los consumidores será momentáneamente el de este fluido.
El descenso en el caudal de los ríos en el período invernal redunda en una mayor utilización de la generación térmica, cuyos insumos son el gas natural y el fuel oil. A su vez, como en invierno también crece la demanda domiciliaria de gas, este último combustible es circunstancialmente reemplazado por el fuel. Los dos insumos, especialmente el fuel, que es mayoritariamente importado, aumentaron sus valores tras la devaluación. De acuerdo a cálculos realizados por las compañías generadoras, las únicas que arriesgaron públicamente alguna cifra, la tarifa de los consumidores domiciliarios debería aumentar alrededor del mencionado 15 por ciento, precisamente el mismo nivel refrendado por Energía y el ENRE.
La Ley de Emergencia Económica dictada en enero último pesificó las tarifas de los servicios públicos y suspendió la aplicación de cualquier forma de indexación en base a la evolución del dólar o de otros precios. Entre estos mecanismos, quedó sin efecto el ajuste por la inflación de Estados Unidos. En la segunda semana de abril, la Secretaría de Energía dictó la resolución 38/02, congelando todos los aumentos de tarifas de los servicios públicos, en razón de la vigencia de la citada ley de emergencia. La disposición señalaba que los mayores costos, en el caso de la electricidad, serían absorbidos por el Fondo de Compensación que tiene el sector. Tres días después, Guadagni corrigió la resolución, autorizando sólo los ajustes estacionales para la distribución de electricidad y gas.
Cabe recordar que en febrero Energía, el ENRE y el Enargas habían postergado la aplicación de cualquier ajuste hasta el 30 de abril. En tanto, el Ministerio de Economía había iniciado, a través de una comisión específica, negociaciones con todas las privatizadas, tanto sobre las cuestiones tarifarias como acerca de inversiones, metas de expansión y calidad en las prestaciones. Además, fijó un plazo de 120 días para concluir dichas negociaciones y acordar una nueva política para el sector. Los cambios en la cartera de Economía en las últimas semanas motivaron la virtual paralización del proceso negociador.
Pero mientras las citadas leyes y resoluciones mantienen en suspenso los ajustes emergentes de la devaluación, las empresas distribuidoras sostienen que desde 1992 hasta diciembre del 2001 acumularon un retraso tarifario del 15 por ciento, al que naturalmente debe agregarse “al menos un 20 por ciento más” correspondiente a los primeros cuatro meses del 2002. Esta demanda se reproduce entre todas las prestadoras de servicios públicos, lo que hace temer una nueva retroalimentación inflacionaria en caso de que finalmente “se sinceren” los precios.
No obstante, las empresas reconocen que en el actual contexto recesivo, los nuevos aumentos den pábulo también a dos fenómenos que se han vuelto problemáticos en los últimos meses: la caída de la demanda y el aumento de la morosidad en la cobranza. Para el primer trimestre de 2002, las dos distribuidoras principales, Edesur y Edenor, registraron caídas del consumo de alrededor del 10 por ciento. De acuerdo a datos de una de las empresas, la morosidad, medida por las facturas impagas luego del segundo vencimiento, aumentó un 25 por ciento. Ahora, la combinación de salarios congelados y tarifas incrementadas probablemente agrave la dificultad de los usuarios para afrontar las boletas. Lo cierto es que el Gobierno no encontró hasta ahora el modo de compatibilizar la escalada de precios con el deterioro incluso nominal de los ingresos, todo en el marco de una política de ajuste que impide pensar en subsidios, si bien hay propuestas de alguna subvención para evitar el explosivo impacto que tendría un aumento en el transporte.