Legisladores del oficialismo, técnicos del Central y representantes de los bancos públicos y privados discutieron en las últimas horas una solución integral al corralito financiero, con los ojos puestos en las cuentas a la vista. Mientras la “ley Tapón” congeló provisoriamente la salida del dinero capturado en los plazos fijos reprogramados, por ahora nada impide el permanente drenaje pautado desde las cajas de ahorro, derrame que dejó a varios bancos en una situación extremadamente delicada y al Central exhausto por la magnitud de los auxilios que otorgó. Hasta anoche la hipótesis de trabajo más firme era ofrecer un bono de suscripción voluntaria que, entre otros atractivos, sirva para el pago de impuestos, la cancelación de créditos y compras de bienes registrables,
Para los diputados oficialistas de la Comisión de Finanzas, el problema surgió más nítido aún días atrás, cuando funcionarios del Central les hicieron conocer oficiosamente algunos números. Desde el estallido de la actual crisis financiera, el Estado otorgó redescuentos y pases por un total de 17 mil millones de pesos, de los cuales 13 mil millones están sólo concentrados en tres entidades: el Nación, el Provincia de Buenos Aires y el Galicia. Lo dramático es que, luego de ese esfuerzo, los aludidos bancos siguen en terapia intensiva, mientras que la autoridad monetaria tiene serias restricciones para seguir dando ayuda.
Frente a este cuadro, la liberación de cajas de ahorro y cuentas corrientes se transformó en una verdadera utopía. Muy por el contrario, los técnicos del Central, legisladores de la Comisión de Finanzas y los banqueros se reunieron el martes y ayer para buscar una fórmula de consenso, con el foco puesto en cómo retener los casi 30 mil millones de pesos de las cuentas a la vista, que a través de cajeros y ventanillas se escurren del sistema a razón de más de 100 millones por día.
Con este afán, ese heterogéneo equipo imaginó un bono que resulte lo suficientemente atractivo como para que los ahorristas se avengan a canjear el dinero que hoy sólo pueden extraer con limitaciones por esa promesa de pago: a tres años, (re)dolarizable a 1,40 peso por cada dólar (quien tuviera 14 mil pesos podría obtener un bono de 10 mil dólares) y con un interés del 2 por ciento anual.
Para reforzar el atractivo del papel, el Gobierno y los propios legisladores imaginan que se los podría habilitar expresamente para diversos usos, como la cancelación de impuestos, préstamos bancarios y hasta la compra de bienes registrables, a semejanza de lo que pudo hacerse hasta el 15 de abril con los plazos fijos reprogramados. En este caso, el Estado debería precisar la nueva operatoria, no sólo facultando el endoso del bono, sino previendo qué disponibilidad tendría el futuro tenedor del dinero que consiguiera vendiendo esos títulos.
Justamente, la intención del Gobierno es estimular un mercado secundario en el que los nuevos títulos consigan cotizarse por encima del magro 20 o 30 por ciento de su valor nominal estimado hasta ahora. Sólo así, los titulares de las cuentas aceptarían el convite y podrían retenerse en el sistema cerca de 8000 millones de pesos que hoy pugnan por salir (es el dinero “no transaccional”), presumiblemente para ir al dólar.
Existe acuerdo en que, además de títulos del Estado, habrá otros garantizados con la cartera activa de los bancos. Pero no existe coincidencia sobre cómo se integrará ese mix: mientras el equipo de Roberto Lavagna pensaba en que el respaldo privado podría cubrir el 10 por ciento de los depósitos a canjear, el bloque de diputados justicialistas exigía ayer que el aval privado llegue al 50 por ciento.
Según imaginan en la bancada del justicialista Humberto Roggero, si la mitad de los bonos que se entreguen a los ahorristas fueran emitidos por los bancos y en dólares (en el caso de los plazos fijos reprogramados el trueque será compulsivo), esas entidades se abstendrían en el futuro de participar de cualquier corrida contra el peso, ya que eso terminaría atentando contra sus propios intereses.