Las declaraciones hechas a Página/12 por el ministro de Salud, Ginés González García, la posterior carta de respuesta del obispo castrense, Antonio Baseotto, y las reacciones que se han suscitado en torno a la despenalización del aborto ponen en evidencia la necesidad de que el tema sea debatido por el conjunto de la sociedad argentina, atendiendo sobre todo a la necesidad de garantizar la vida como cuestión central. Está claro que esa discusión está atravesada por diferentes cosmovisiones, posiciones doctrinarias, en lo religioso y en lo político, y que ello hace que el debate sea inevitablemente apasionado y conflictivo. Si a ello se agrega que la sociedad argentina no ha demostrado en los últimos tiempos la madurez necesaria para enfrentarse a sus propias diferencias, todo hace pensar que la discusión puede alcanzar alto voltaje. No sería grave si a este punto se llega por la exposición de los argumentos de todos aquellos dispuestos a participar de la discusión, pero sería lamentable si el debate se recalienta por las agresiones. En ese sentido, algunos hombres de la conducción de la Iglesia, en particular el obispo Baseotto y su colega de La Plata, el arzobispo Héctor Aguer, no contribuyen demasiado a generar condiciones para ese diálogo. Considerados por algunos como parte del “ala dura” de la jerarquía católica, habría que señalar más bien que se trata de miembros de la jerarquía ampliamente conocidos por sus posiciones conservadoras y su poca capacidad de diálogo con aquellos que no piensan de idéntica manera. Los términos usados por Baseotto para responder al ministro Ginés González García parecen totalmente fuera de lugar, pero no pueden extrañar a quienes conocen las posturas del que fuera obispo de Añatuya y parte del grupo episcopal más cercano a Carlos Menem. Con más capacidad argumentativa e ilustración que Baseotto, el arzobispo Héctor Aguer utiliza también con asiduidad términos agraviantes para quienes tienen un punto de vista diferente del suyo. Respecto de la despenalización del aborto y, en general, de la moral sexual, la jerarquía de la Iglesia Católica tiene una posición que es inamovible porque además está claramente marcada desde el Vaticano y ha sido sostenida con persistencia por el papa Juan Pablo II. En ese sentido, además de las convicciones propias en la materia, los obispos católicos argentinos no tienen margen para apartarse de las posiciones oficiales y doctrinarias de la Iglesia. De la misma manera, quienes defienden la despenalización tienen, a su juicio, sobrados argumentos para exigir un cambio en la legislación en la materia. Todas y todos los argentinos necesitamos que el tema sea debatido. Eso significa que los argumentos sean expuestos y construidos en el espacio público, que las posiciones deben ser ampliamente conocidas para que la mayor parte de la sociedad pueda arribar, sin prejuicios ni presiones, a su propia conclusión. ¿Seremos capaces?