“Después del domingo 27, nosotros vamos a seguir marchando por las calles porque no queremos otros 50 años como los que padeció Santiago del Estero”, afirmó Olga Díaz de Villalba, madre de Patricia, una de las víctimas del doble crimen de La Dársena que desencadenó la crisis del gobierno de Carlos Juárez y su intervención.
La mujer, acompañada por vecinos y militantes de derechos humanos, realiza todos los viernes una marcha frente a la Catedral. Estas palabras las pronunció el viernes pasado cuando comenzó la veda electoral. “Por eso, no se tiene que permitir al nuevo gobernante que se desvíe de su camino –señaló– y es por eso que, reitero, todas las decisiones las tiene que hacer consultar con el pueblo.”
Olga Villalba es una de las personas más respetadas por el movimiento de derechos humanos local. Hace unos días sorprendió a los santiagueños cuando apoyó al candidato del PJ, Pepe Figueroa y señaló que las otras opciones significaban la continuidad del juarismo y el no esclarecimiento de los crímenes. Ayer, dos abogados que integran la APDH local fueron designados jueces en reemplazo de dos magistrados separados por su connivencia con el juarismo. En general, el movimiento de derechos humanos asiste a esta elección con bastante perplejidad porque han sido respaldados o por lo menos tomados en cuenta por la intervención y no ven con buenos ojos al opositor Gerardo Zamora, pero no terminan de digerir a los candidatos del oficialismo. Las Madres del Dolor, otro grupo de derechos humanos formado por familiares de víctimas de gatillo fácil o de la delincuencia y en definitiva de la corrupción judicial, se referencian más claramente con Memoria y Participación, que se distanció de la intervención, aún cuando le aportó algunos funcionarios, cuando ésta se inclinó por Figueroa.