La comunicación del nuncio apostólico al Gobierno sobre la situación del obispo castrense provocó sorpresa en la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina. Adriano Bernardini estuvo presente durante los dos días de sesiones de la comisión permanente, se reunió con los obispos que la integran, pero no consultó ni informó sobre el tema. El respaldo que recibió Antonio Baseotto fue decidido al margen de la CEA, cuya cúpula sentía ayer que era uno de los burlados en esta historia.
Pero la de Baseotto no fue la primera sorpresa del día. Al mediodía, las máximas autoridades del Episcopado esperaban la presencia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Pero los obispos tuvieron que almorzar solos. Para algunos de ellos, el faltazo era interpretado como un endurecimiento del Gobierno hacia la Iglesia. Otros especulaban con que para ese momento el Gobierno ya sabía algo de lo que ellos se enteraron luego.
De todos modos, por la tarde insistieron en la posibilidad de concretar la reunión en un futuro breve.
La Comisión Permanente del Episcopado, que preside Eduardo Mirás, arzobispo de Rosario, culminó ayer su segundo día de deliberaciones sin dar ninguna nueva declaración pública. El martes el Episcopado había emitido un documento ratificando la posición histórica de la Iglesia en contra del aborto y su despenalización, pero sin hacer alusión alguna al entredicho entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el obispo castrense Antonio Baseotto.
Antes del episodio de ayer, en algunos ámbitos del Gobierno se analizó la posibilidad de reforzar la demanda oficial mediante una decisión del Ministerio de Defensa que impida el acceso de Baseotto a las unidades militares que constituyen su ámbito normal de acción pastoral. Sin embargo tal idea no parece haber tenido consenso, entre otras cosas porque desde la Cancillería se advirtió que una determinación de este tipo más que ayudar podría crear dificultades diplomáticas directamente con el Vaticano. Hay quienes sostienen, en los mismos ámbitos eclesiásticos, que una posible salida de transición a la situación planteada podría consistir en la designación de un obispo coadjutor para que, con plenos poderes, se haga cargo del obispado castrense. En ese caso Baseotto quedaría relegado a un lugar meramente formal. Esta alternativa podría quedar totalmente cancelada si “los tiempos de la Iglesia no son respetados”.
Los obispos se reunirán en asamblea plenaria del 18 al 23 de abril en Buenos Aires y seguramente ésa será la ocasión para reiterar la posición sobre el aborto en la que vienen insistiendo por todos los medios. Mientras tanto, se mantienen atentos al proceso que se lleva adelante en el Senado que, a pedido del Ejecutivo, considera la ratificación de las recomendaciones del comité de Naciones Unidas “sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer”. Para los obispos, tales recomendaciones “pretenden garantizar la práctica del aborto como servicio público” (ver página 2).
De todas maneras, en fuentes eclesiásticas se asegura que el pedido de remoción de Baseotto “no ha caído en saco roto”, pero que el proceso “llevará un tiempo”. Para quienes conocen la jerga de los obispos y los mecanismos que usa la Iglesia en estos casos, esto bien podría traducirse en que el obispo castrense sólo será apartado de su cargo cuando se aplaquen las reacciones por el episodio que lo enfrentó con el ministro Ginés González García.