El estatuto del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación establece que “no puede ser miembro del Consejo Directivo el afiliado que tenga inhibiciones penales o cometa actos dolosos en perjuicio de organizaciones sindicales de trabajadores”. Como es obvio, por los fallos de la jueza Bértora y la Cámara, Daer se encuentra en esta situación, aunque no ha sido condenado por un tribunal oral. Ese es el argumento por el que se sigue al frente de la organización gremial.
El año pasado hubo elecciones en ese sindicato y en comicios muy polémicos Daer renovó su mandato, pese a que ya pesaba en su contra la acusación por administración fraudulenta. Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones, ahora el procesado secretario general debería afrontar el juicio oral. En las próximas semanas se dará vista a la fiscal Mónica Cuñarro, a la defensa y a los trabajadores que hicieron la denuncia.
El caso del Sindicato de la Alimentación sienta un precedente importante. Trabajadores del gremio fueron aceptados como querellantes, algo que tradicionalmente era rechazado con el argumento de que son las conducciones de los sindicatos los que se encargan de velar por los intereses de sus representados.