Tras la polémica sobre la excarcelación de Omar Chabán, en Tribunales se dice que el juez Julio Lucini tiene pensada una secuencia para la causa Cromañón. La semana próxima le recibirá declaración indagatoria a los integrantes de Callejeros y luego resolverá su situación: en principio, podría procesarlos por homicidio culposo. Después, vendría el turno de los funcionarios del SAME y de los Bomberos, aunque todavía no está clara la acusación: lo que se investiga es la inadecuada respuesta a la emergencia planteada por la tragedia. Y recién en la etapa siguiente se abocaría a estudiar la situación del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López, y al ex subsecretario de Justicia Marcelo Antuña. Ayer, tres de las cuatro agrupaciones de familiares de las víctimas se unieron por primera vez y reiteraron el pedido de indagatoria de Ibarra, López y Antuña por el delito más grave, homicidio simple con dolo eventual, algo que difícilmente prospere.
Lucini sigue a cargo de la causa Cromañón, aunque tal vez a fin de mes regrese a su puesto la jueza original del caso, María Angélica Crotto. De todas maneras, ambos magistrados tienen estrecha relación y se dice que los pasos que se están dando son producto de los diálogos entre ellos. Lucini ha ido avanzando por bloques: primero, Chabán y Villarreal, luego el manager de Callejeros, después los funcionarios de la Ciudad, encabezados por Fabiana Fiszbin, y el próximo paso que ya está planteado es el del grupo. Sus integrantes están citados a declaración indagatoria para la semana próxima, imputados de homicidio culposo.
El siguiente tramo que abordaría el juez o la jueza es el que tiene que ver con la actuación del SAME y los Bomberos. Los familiares denunciaron que hubo demoras, impericia y hasta abandono de personas, pero todo eso deberá ser probado y, obviamente, los titulares de esos entes serán llamados a declaración indagatoria para defenderse.
Ayer, tres de las cuatro agrupaciones de familiares de las víctimas –el sector de José Iglesias fue el que no se sumó– pidieron la indagatoria de Ibarra, López y Antuña. Los querellantes mencionan que esos funcionarios tenían lo que se conoce como “el dominio del hecho”, es decir capacidad para dar una orden de controlar y clausurar Cromañón, sobre todo teniendo en cuenta las advertencias previas. El juez posiblemente los cite a indagatoria, pero sería dentro de un mes o más.
Algunos hablan de que se les imputaría –como a Fiszbin– homicidio culposo, pero otros consideran que el delito sería incumplimiento de los deberes de funcionario público.