Los ministros de la Corte Suprema pidieron al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que enviara un dictamen sobre otra causa relacionada con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Hace veinte días Righi se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el expediente sobre la desaparición de la familia Poblete, y dejó el camino listo para el fallo del máximo tribunal. Pero en la Corte analizan dictar la resolución sobre la invalidez de las leyes de impunidad en la investigación por la desaparición de una veintena de militantes montoneros durante el operativo de la Contraofensiva. La ventaja de ese caso es que ya pasó por la Cámara de Casación, que no se expidió sobre el tema porque señaló que la causa se tramita por el viejo Código de Procedimiento. El máximo tribunal ya cuenta con siete votos a favor de reactivar los juicios contra los militares y espera que el nuevo dictamen llegue lo más rápido posible. La intención de los jueces es firmar la resolución en quince días, aunque podría haber alguna demora debido a este nuevo escenario. Ya sea en un caso o en otro, el fallo se conocerá en junio.