Esta semana vence el plazo para que el Gobierno proponga un nombre para dirigir la Defensoría General. El procedimiento es igual al de los jueces y está sujeto a examen público. Stella Maris Martínez es una candidata fuerte a quedar en el puesto. Pero en el Ejecutivo también están tentados de traer a un santacruceño: el juez del tribunal superior provincial Ricardo Napolitani. Otros juristas que suenan son Gustavo Ferreira, Lucila Larrandart y Eduardo Luis Duhalde. Con la ebullición preelectoral, hasta fin de año no habría nombramiento firme.
Por eso, Martínez asumió mentalizada de que tiene tiempo para trabajar. Ya dijo que no va “a tolerar ñoquis” ni “que se despilfarre el dinero del Estado”. “Si no actuamos eficientemente una persona es injustamente condenada, un preso es torturado y nadie lo protege. Esta institución representa un derecho humano fundamental”, se plantó.
–¿Por qué suspendió los 71 ascensos que dispuso Romero en los diez días previos a su salida? –le preguntó Página/12.
–Lo que hice fue poner a estudiar caso por caso y darle trámite interno, acompañada por la Unión de Empleados. Los derechos laborales deben ser respetados a ultranza. Es un terreno espinoso, donde quizá apareció un trato inequitativo que hay que recomponer.